Un trato "sin humanidad"
Este mes de mayo ha comenzado una nueva etapa en el Centro de Rehabilitación Psicosocial de Puerto del Rosario con la entrada de la nueva adjudicataria del servicio. La empresa Orden Hospitalaria Ciudad San Juan de Dios asume las riendas de un recurso que atiende a una decena de usuarios y usuarias que padecen trastorno mental grave. Antes de iniciar su gestión, mantuvo un encuentro con las familias y profesionales del centro para tomar contacto y explicar algunas novedades. Entre ellas, la principal, la mejora del horario, que pasa a ser de 9:00h a 17:00h, lo que supone sumar 3 horas al servicio anterior.
Una noticia muy bien acogida por las familias en ese primer encuentro, según señala José Luis Ferrerías, familiar de usuaria, e Irene Chávez, educadora social, en el programa La Voz de Fuerteventura, en Radio Insular. En ese primer encuentro, los propios usuarios también tuvieron la ocasión de trasladar su preocupación ante posibles cambios en la plantilla de “profes” ante lo que la coordinadora de la empresa les trasladó que los cambios, si los hubiera, “serían mínimos y poco a poco”.
Tras asumir la adjudicataria las riendas, el equipo del centro continúo prestando sus labores siguiendo con los esquemas, protocolos y dinámicas de trabajo empleados hasta entonces. A lo largo de una semana, surgieron algunas “tiranteces”, explicó Irene Chávez en el funcionamiento y a la hora de mantener iniciativas que estaban dando, a su juicio, buenos resultados, como el taller de cocina.
Un despido con fuerte impacto
La sorpresa vino una semana después, cuando a mitad de la jornada laboral, la dirección fue llamando a las trabajadoras del centro que conformaban el equipo junto a la psicóloga y a la enfermera, del Servicio Canario de Salud.
Chávez aseguró que el responsable de Recursos Humanos las llamó “una a una” al despacho y que se les comunicó que estaban despedidas. “El responsable de Recursos Humanos nos notifica el despido, procedente, inventándose una serie de cuestiones que no se ajustan a la realidad". Entre ellas, el haber mantenido una convivencia con usuarios de la asociación ASOMASAMEN que el responsable interpretó como “reunión de coordinación con personal de otras asociaciones sin dar cuenta a la coordinadora”; una coordinadora que, según Chávez, no había sido designada.
Irene decidió no firmar el documento de despido por lo que, asegura, el responsable "me amenaza y me intimida diciendo, bueno, pues peor para ti porque si no firmas no vas a poder luego reclamar nada".
El despido de las tres trabajadoras enseguida impactó entre los usuarios y usuarias al conocer la noticia. Las lágrimas no se hicieron esperar y tampoco el nerviosismo del colectivo que necesita referentes estables en su día a día. Las escenas no gustaron a la nueva dirección que ordenó el abandono inmediato del lugar. “Nos dice váyanse de aquí inmediatamente. Tienen cinco minutos para recoger sus cosas e irse”, por lo que tuvieron que dejar su puesto de trabajo apenas minutos después de conocer que habían sido despedidas.
La trabajadora social insistió en el malestar generado a los usuarios; “somos sus referentes, somos las personas que estamos haciendo con ellos todo un proceso terapéutico”, subrayó, lamentando la falta de humanidad en el trato.
Por su parte, José Luis Ferrerías, también afirmó que el impacto fue visible en casa ese mismo día. Explicó que su familiar había regresado recientemente “súper feliz, súper contenta” de una convivencia, pero que tras los despidos se produjo “un cambio en todo su estado de ánimo, ni comió”.
Ni subrogación ni cumplimiento
Irene Chávez ha denunciado el despido, que considera a todas luces improcedente, y que además no cumple con lo establecido en la ley. La entidad adjudicataria está obligada a subrogar al personal que ha prestado el servicio, con los derechos y obligaciones que tuvieran.
Pero, además insiste, al despedir a la trabajadora social, a la educadora social y a la integradora social, tampoco estaría cumpliendo con los perfiles exigidos. “Ahora mismo no están cumpliendo el pliego, ahora mismo no están con todos los profesionales que deben tener”, recalca Ferrerías.
En este punto, ambos centraron buena parte de su crítica en la responsabilidad pública sobre un servicio adjudicado a una entidad privada. Defienden que la administración debe ejercer un control efectivo y fiscalizar la gestión de los servicios que adjudica para garantizar que la atención.
“Estamos trabajando con personas…además, personas muy vulnerables”, remarcaron reclamando una respuesta institucional
