Primer concierto social de dependencia de Fuerteventura
Es la primera vez que el Cabildo de Fuerteventura impulsa un concierto social en dependencia; un mecanismo novedoso similar a las licitaciones que establece un contrato entre la administración y las entidades del tercer sector para prestar servicios sociales.
Antes de iniciar los trámites, por parte de la corporación insular, se mantuvieron varias reuniones en Fuerteventura con presencia del viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francisco Candil, y de los técnicos del servicio de acreditaciones con las entidades majoreras habituadas a prestar servicios sociosanitarios. Asociaciones interesadas en conocer este mecanismo que posibilita “dar estabilidad al servicio”, garantizar la financiación y huir de los desvelos de las distintas ayudas y subvenciones.
Así lo destacó, en una entrevista este martes en el programa la Voz de Fuerteventura, en Radio Insular, la gerente de AFFA, Teresa Cabrera, acompañada del secretario de la entidad José Luis Reigosa y en la que, también intervino por teléfono, la directora del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias, Emma Colao.
En los encuentros mantenidos en Fuerteventura con los representantes del tercer sector, el mensaje que se trasladó fue claro: “el paso previo para poder acceder al concierto era que todas las entidades que quisieran acceder al concierto estuvieran acreditadas”, subrayó Cabrera.
Un requisito a priori imprescindible y que por aquel entonces pocas entidades vinculadas a la dependencia cumplían; en Fuerteventura solo AFFA.
Un concierto “importante por la estabilidad que da al servicio y al empleo”
La Consejería de Servicios Sociales impulsó el concierto social para 120 plazas por un importe de 1.722.000 euros. Se da la circunstancia de que únicamente se presentaron dos entidades. La asociación majorera que presta servicios a las familias que conviven con el alzheimer en Fuerteventura y la asociación solidaria Mundo Nuevo.
AFFA explicó que se presentó, pero quedó fuera del procedimiento porque cometió un error en la tramitación. “Nosotros nos equivocamos en nuestro trámite y nos quedamos fuera”, reconoció Cabrera.
La exclusión, de la que tuvieron cuenta el pasado mes de noviembre, “se ajustó a derecho” y el procedimiento siguió su curso.
La sorpresa vendría después cuando la Consejería de Servicios Sociales resolvió el concierto adjudicando el servicio a la asociación solidaria Mundo Nuevo. Una entidad que “no estaba acreditada”, por lo que “se lo advertimos al Cabildo desde el principio”, recalcó Cabrera.
Consulta pública de acreditación y petición de información al Gobierno
Al no aparecer en el listado de entidades acreditadas, AFFA solicitó confirmación al Gobierno de Canarias. La respuesta fue contundente, la adjudicataria no estaba acreditada para dar ese servicio “y ni siquiera habían hecho una solicitud para la acreditación”, recalcó Colao, insistiendo en que se puede consultar en el registro público.
El Cabildo decidió suspender de forma temporal el procedimiento y realizó consulta al Gobierno de Canarias.
Según Colao, desde el servicio de acreditaciones se respondió que Mundo Nuevo “no está acreditada” y que no debe confundirse “entidad colaboradora” con “estar acreditada para la prestación del servicio”.
Pese a esa contestación, insistió la directora del Observatorio, el Cabildo siguió adelante y adjudicó el contrato, desestimando el recurso de AFFA.
A pesar de ello, la asociación majorera que trabaja con las familias de Alzheimer, volvió a dar un último aviso al Cabildo que “ni siquiera respondió”.
Fue entonces cuando AFFA, decidió interponer un contencioso administrativo en el Cabildo de Fuerteventura y solicitó, además, medidas cautelares. Cinco días tiene ahora el Cabildo para responder sobre estas medidas.
Emma Colao también recordó que, de forma paralela, Fiscalía tramita la denuncia interpuesta por ODESOCAN contra la Consejería que dirige Víctor Alonso en el Cabildo por presunta prevaricación y decidirá "si se abren diligencias”.
¿Y la financiación?
Una de las cuestiones que también se puso sobre la mesa fue el de la financiación. En la entrevista se advirtió de que, más allá de lo que determine la justicia sobre el procedimiento y de si la acreditación es necesaria o vale con ser entidad colaboradora para resultar adjudicataria del servicio, el Gobierno de Canarias podría cuestionar si se cumplen las condiciones del convenio de cooperación firmado entre el Ejecutivo y el Cabildo de Fuerteventura para financiar la dependencia.
Colao sostiene que el acuerdo obliga a que la labor se preste con entidades acreditadas para ese servicio concreto, “no entidades colaboradoras”, insiste.
En este escenario, se plantea la posibilidad de que la justicia dé la razón a la corporación insular pero que ésta pueda tener dificultades para justificar el gasto, si no se ajusta a las exigencias del convenio y la prestación no la lleva a cabo una entidad acreditada.
Lo primero, garantías para los usuarios y usuarias
Desde la Asociación de Fuerteventura de Familias que conviven con el Alzheimer se quiso trasladar un mensaje de tranquilidad a las familias de los cerca de 240 usuarios y usuarias a las que la entidad presta servicio directo en la actualidad. “AFFA continúa hasta el 31 de diciembre de este año con los mismos usuarios”, subrayó Teresa.
En esta línea avanzó que la asociación "seguirá negociando y trabajando con ayuntamientos, Cabildo y Gobierno de Canarias para poder seguir prestando servicio".
Teresa Cabrera admitió lo difícil que ha sido dar el paso de denunciar la situación y presentar el contencioso contra el Cabildo pero subrayó que el recurso busca también evitar que se siente un precedente en la adjudicación de servicios de dependencia.
AFFA teme que, si se admite que basta con ser entidad colaboradora y no entidad acreditada para el servicio concreto, puedan verse comprometidas en el futuro las garantías de calidad, especialización y continuidad en la atención a personas vulnerables, explicó José Luis Reigosa.
“No es una cuestión contra nadie” sino una decisión adoptada "por responsabilidad" ante los usuarios, las familias y el propio sistema de dependencia, para impedir que el caso marque un precedente en la prestación de servicios sociales especializados, concluyó Teresa Cabrera.
