Canarias dispone apenas de un 0,9% de vivienda protegida frente a la media estatal del 2,5% y muy lejos del 9,6% que alcanzan otros países de la Unión Europea. Son los datos aportados por el director del Instituto Canario de la Vivienda, ICAVI, Antonio Ortega, en una entrevista en el programa La Voz de Fuerteventura, en Radio Insular, donde ha explicado que el objetivo de la entidad es “proteger” el parque público de vivienda con el Decreto Ley 1/2024.
La vivienda protegida en Canarias, de promoción pública, tendrá protección de carácter permanente, aseguró Ortega, subrayando la necesidad de blindar este recurso esencial para las familias con menos recursos.
En Fuerteventura, el registro de demandantes de vivienda cuenta actualmente con 1.079 personas inscritas, mientras la oferta de vivienda social sigue siendo insuficiente. “Estamos haciendo un esfuerzo importante para sacar adelante distintas promociones, pero es cierto que hemos tenido licitaciones que han quedado desiertas”, explicó Ortega, refiriéndose a proyectos, en Puerto del Rosario, como las 47 viviendas de la calle Don Quijote y las 28 en Bernagal.
Licitaciones desiertas y proyectos sin redactar
La falta de empresas licitadoras ha obligado al ICAVI a replantear la adjudicación de estas obras. “Estamos con el expediente para publicarlo de nuevo como un negociado sin publicidad, invitando a empresas que puedan ejecutar las obras, pero sin modificar las condiciones que exige la Ley de Contratos del Sector Público”, señaló Ortega, reconociendo la urgencia de acelerar los trámites.
Entre los proyectos prioritarios destacan las 77 viviendas en Corralejo, actualmente en fase de fiscalización, y las 47 viviendas en Rosa Vila, cuyo expediente de redacción está en marcha.
Ambas iniciativas están vinculadas a fondos europeos MRR, lo que implica que deben estar finalizadas antes de junio de 2026. Ortega reconoce que se ha solicitado ampliar los plazos, que son muy exiguos, explicó, porque “hasta septiembre de 2023 no se había redactado ni un solo proyecto. Ni de construcción ni de rehabilitación. Hemos tenido que redactar 58 proyectos en tiempo récord”, detalló.
Más allá de la construcción, el ICAVI también trabaja en la rehabilitación de viviendas públicas. En Fuerteventura se invertirán 2.276.000 euros para rehabilitar 100 viviendas en Fabelo, Valle de Santa Inés y La Oliva, mejorando la eficiencia energética y la accesibilidad de estos inmuebles.
Novedades: registro de demandantes, alquiler asequible y medidas contra la ocupación ilegal
Ortega anunció además la simplificación del registro de demandantes de vivienda. “Ahora es un trámite tedioso que puede tardar hasta un año. Con la nueva propuesta, una declaración responsable permitirá inscribirse el mismo día de la solicitud”. Esta medida busca facilitar el acceso a la vivienda protegida a un mayor número de familias.
Asimismo, se introducirá el concepto de “alquiler asequible”, destinado a aquellas personas que, aunque tienen ingresos, no logran asumir los elevados precios del mercado. “Hasta ahora solo existía el alquiler social. Con el nuevo decreto se regulará también el alquiler asequible, ampliando el abanico de beneficiarios”, explicó.
La falta de vivienda pública también agrava problemas como la ocupación ilegal y la morosidad.
Ortega advirtió que “no todo el mundo cumple con sus obligaciones”, y adelantó que el ICAVI ha propuesto la creación de un departamento específico en la Policía Canaria para la vigilancia y control del parque público. “No podemos permitir que haya personas que ocupen viviendas de forma ilegal o que no paguen la renta durante años”, subrayó, relatando casos como el de un inquilino que acumulaba más de 300 recibos impagados en Tenerife.
Las VPO del edificio Pelayo, 30 años de protección
El caso del edificio Pelayo, en Puerto del Rosario, ha sido uno de los focos recientes de polémica en materia de vivienda protegida en Fuerteventura. Según denunciaron los vecinos a La Voz de Fuerteventura, la promotora intentó aplicar una subida significativa en los alquileres tras la aprobación del decreto ley 1/2024, pero el Gobierno de Canarias intervino para frenar la medida.
El director del ICAVI aclaró que “no es de aplicación ese decreto para los contratos de arrendamiento formalizados con anterioridad al mismo” y recordó que estas viviendas, pese a ser de promoción privada, están sujetas a un régimen de protección de 30 años. Además, explicó que la empresa promotora había recibido “en torno a 480.000 euros de subvención” y que los precios del alquiler solo pueden actualizarse según el IPC, respetando siempre los límites establecidos en la calificación definitiva de vivienda protegida.
