La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha situado a Peña Armas, concejala de Contratación del Ayuntamiento de Puerto del Rosario entre 2020 y 2023, en el centro de una presunta trama de adjudicaciones fraudulentas de contratos públicos a familiares y personas de confianza. Según un extenso informe remitido por la Fiscalía Provincial de Las Palmas al Juzgado de Instrucción número 3, la edil habría utilizado su posición institucional para beneficiar a un núcleo familiar de al menos seis personas, entre ellas sus primos, su tío político y las parejas de estos, mediante contratos menores de obras y servicios.
El informe, de 95 páginas al que ha tenido acceso este medio, se enmarca en las diligencias previas abiertas tras una querella de la Fiscalía Anticorrupción admitida el 6 de junio de 2024 en la que se denunciaron hechos que podrían ser constitutivos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude a la administración, entre otros delitos.
La denuncia anónima que da origen a estas diligencias "fue presentada por una persona con amplio conocimiento del funcionamiento interno del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, lo que hace presumir que se trata de un funcionario o trabajador de la propia institución".
La investigación contabiliza 29 contratos menores adjudicados sin concurso al entorno familiar directo entre abril de 2020 y febrero de 2023, por un total de 956.653 euros. Las adjudicaciones –que incluían desde desinfecciones durante la pandemia hasta mejoras de caminos rurales– fueron presuntamente fraccionadas o tramitadas por vía de emergencia para eludir la libre concurrencia. Muchas de ellas se realizaron pese a los reparos formales del interventor municipal.
“No estamos ante meras conjeturas, sino ante un cuadro indiciario que sugiere una participación delictiva continuada”, señala el Ministerio Público.
Modus Operandi y contratos llamativos
La Fiscalía sostiene que Peña Armas adjudicó contratos menores a familiares y personas de confianza, simulando concurrencia con ofertas de empresas vinculadas entre sí. Según indica, se fraccionaban encargos para eludir controles y se ignoraban los reparos del interventor municipal. Las adjudicaciones se tramitaban con apariencia de legalidad.
Es el caso del contrato adjudicado a TUERCÓN CANARIAS S.L., por importe de 15.000 que tiene por objeto la limpieza y desinfección de zonas de eventos en las Fiestas del Rosario. Según los datos recabados, L.B.A, mujer del empresario presentó propuesta una propuesta de 19.000 euros. Lo llamativo del caso es que presentó propuesta “pese a la falta de invitación formal”. Se menciona la invitación a otras dos empresas pero no se acredita dicha invitación, ni hay constancia de que haya presentado ofertas.
No es la única vez, como señala el Ministerio Fiscal. “Se aprecia en varios expedientes la presentación de ofertas por parte de L. B.A. sin que conste su invitación formal, lo que unido a la identidad de fechas con otras ofertas del mismo entorno familiar, refuerza la tesis de una actuación concertada para aparentar concurrencia”.
Además, también apunta a la evidencia en el fraccionamiento ilegal al detectarse varios contratos seguidos adjudicados a distintas empresas con el mismo administrador. Las empresas CODEPLAG CANARIAS S.L., TUERCÓN CANARIAS S.L. y MONTAÑA DEL SILVO S.L. tienen como socio común a Cipriano y en algunos casos comparte la titularidad con su hermano.
También llaman la atención las irregularidades en la adjudicación a algunas empresas de contratos sin relación con el objeto social de las empresas. Tuercón Canarias se dedica a promoción y arrendamiento de inmuebles, pero se le adjudican servicios de desinfección o limpieza. Por otro lado, L.B. A, autónoma dada de alta en limpieza industrial, presentó ofertas para obras civiles, sin capacidad técnica o experiencia acreditada.
Hay incluso un presupuesto presentado por A. J. B., fechado el 14 de enero de 2022, cuando el expediente no consta aún tramitado, ni figura fecha de resolución ni publicación. “Sugiere un conocimiento anticipado y una presentación interesada para direccionar la contratación”.
En el caso de D. W. presentó un presupuesto el 2 de diciembre de 2021 y su alta en la actividad de construcción se realizó el día 3 de diciembre del mismo año. Es decir, el alta como autónoma -en el epígrafe del IAE correspondiente- tuvo lugar después de presentar su propuesta.
Se actuó a pesar de los reiterados reparos y advertencias
La Fiscalía también pone de manifiesto que son numerosos los casos en los que el interventor accidental, Antonio Nuevo Hidalgo, mostró sus reparos. En sus informes de fiscalización, advierte de “discrepancia en acudir a la contratación menor en perjuicio de la contratación ordinaria” y la “advertencia del rechazo de la Intervención a la tramitación de los ‘contratos menores’”.
En algunos casos, va más allá, y habla de la “grosera ausencia de la documentación mínima exigible” en los expedientes, reflejando la falta de justificación y trámites esenciales.
A pesar de estos reparos, la Fiscalía indica que la concejala Armas Hernández –con la colaboración necesaria del técnico– prosiguió con las adjudicaciones objetadas. De hecho, según el informe existe constancia de que la concejala firmó resoluciones expresas levantando los reparos del interventor para poder pagar las facturas.
El fiscal presentó al Juzgado de Instrucción nº3 de Puerto del Rosario el documento en el que se detallan todas estas cuestiones para justificar la necesidad de impulsar medidas en el avance de la investigación que pudieran afectar a derechos fundamentales de los investigados Peña Armas, Juan Luis Espinel y Cipriano.
El pasado 17 de julio, los tres fueron detenidos de oficio por la Policía “con el fin de que los investigados no interfieran en las entradas y registros que se llevaron a cabo al mismo tiempo. Finalizadas las diligencias fueron puestas en libertad y la autoridad judicial acordará en su día su citación en sede judicial”, como aclaró el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
En una reciente entrevista en el programa La Voz de Fuerteventura, en Radio Insular, el concejal de Economía y Hacienda, Juan Manuel Verdugo, avanzó que el Ayuntamiento de Puerto del Rosario va a personarse en el procedimiento.
Como respuesta, el ataque….también a la libertad de información
Fuerteventura Avanza, la formación política que dirige Peña Armas, ha remitido un comunicado en el que asegura haber solicitado, en el marco de las diligencias previas, que el secretario de la corporación certifique todos los contratos adjudicados a la empresas Codeplag Canarias S.L. “no sólo aquéllos en los que interviniera Doña Maria de la Peña Armas, sino otros políticos, tanto anteriores a 2.020 como posteriores a 2.023 hasta la actualidad, en el que se sigue contratando de igual forma”.
Además, la formación ha manifestado su oposición a que el Ayuntamiento se persone como acusación particular, con cargo al presupuesto municipal, y, “máxime cuando el alcalde sigue como investigado en las diligencias Previas 426/2024 del Juzgado número 8 de Puerto del Rosario, por adjudicar contratos de forma verbal”, según indica.
Por último, y en un claro ataque hacia la libertad de información, la formación ha tratado de arremeter contra la empresa Producciones Majoreras, titular de Radio Insular.
A nadie se le escapa que este medio ofreció el pasado sábado en primicia el contenido del informe y sigue liderando la cobertura mediática en torno a la investigación.
Desde el partido político que dirige Peña Armas, se exige que se certifique, además, “cuántos contratos, menores o no, por qué importe, y con la firma de qué políticos para su adjudicación y pago, con la empresa Producciones Majoreras S.L., titular de Radio Insular, emisora PSOE friendly a la que se han pagado más de 500.000€ según informaciones del Ayuntamiento”.
Desde Radio Insular, medio con el que colabora habitualmente La Voz de Fuerteventura, la respuesta no se ha hecho esperar. Su director Tony Freitas ha defendido la legalidad de todos los contratos adjudicados y llevados a cabo - para facturar, desde 2019, un total de 564. 569 euros- y ha mostrado su plena disposición a colaborar con cualquier organismo público o judicial.
Pero, además, también expresa preocupación por esta maniobra “claramente difamatoria” que se produce tras la publicación, en primicia, de la investigación judicial conocida como Operación ODÍN. “Una investigación que, de confirmarse los hechos, podría derivar en uno de los mayores casos de corrupción institucional de los últimos años en Canarias”.
En este punto, desde La Voz de Fuerteventura también denunciamos el intento de amedrentar a los periodistas por el simple hecho de desarrollar nuestra labor y ejercer el derecho a la libertad de información.
Hay que recordar que la libertad de información es la piedra angular de cualquier sociedad libre. Sin periodistas no hay periodismo, y sin periodismo no hay democracia.
Acceda al COMUNICADO ÍNTEGRO DE RADIO INSULAR FUERTEVENTURA
