Asamblea Majorera - Coalición Canaria Fuerteventura (AM-CC) ha mostrado su profunda preocupación ante el atraque del buque de carga Dura Bulk en Puerto del Rosario esta semana. La embarcación, de bandera marroquí, descargó ayer toneladas de arena procedente de El Aaiun, en el Sáhara Occidental, para su uso en obras de construcción en la isla.
Desde AM-CC se advierte del riesgo que supone la descarga sin control de arena procedente del Sáhara Occidental, tanto por sus posibles implicaciones legales como medioambientales.
En este último aspecto, la formación subraya que este tipo de operaciones no está sometido a los controles fronterizos necesarios, ya que el Punto de Inspección Fronteriza (PIF) de Puerto del Rosario permanece inactivo, facilitando la entrada de materiales sin la supervisión adecuada.
Según establece la legislación canaria, el tratamiento de las arenas procedentes del continente africano está regulado por la Orden de 6 de agosto de 2001. Dicha normativa fija los criterios y protocolos que deben guiar la importación, control y tratamiento fitosanitario de este tipo de materiales, con el objetivo de evitar la introducción de especies invasoras, plagas o contaminantes en el archipiélago.
Entre los criterios que recoge esta norma se encuentra el tratamiento obligatorio de arenas importadas, a través de mecanismos que garanticen la eliminación de contaminantes y organismos patógenos. Estos incluyen fumigación, tratamiento térmico a temperaturas muy elevadas, aplicación de sustancias químicas o tratamiento físico, como puede ser el lavado cribado de la arena.
Además, la arena debe ir acompañada de documentación que acredite su origen y los tratamientos aplicados, y ser inspeccionada en el Punto de Inspección Fronteriza (PIF) antes de su uso. Es decir, es el Estado, quien, a través del PIF, debe asegurar que estos controles se ejecuten efectivamente en la entrada al puerto. La llegada de este buque “pone en duda el cumplimiento efectivo de la normativa”.
De este modo, el partido reitera su petición al Gobierno del Estado español de reforzar de manera urgente el Punto de Inspección Fronteriza (PIF) de la capital majorera, unas instalaciones que ya fueron acondicionadas por el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento capitalino. Sin embargo, el PIF continúa sin contar con el personal necesario para su puesta en funcionamiento, lo que impide garantizar un control efectivo de las mercancías que llegan a la isla.
“Se trata de una actuación que depende exclusivamente del compromiso del Estado con Fuerteventura, un compromiso que, lamentablemente, seguimos sin ver cumplido”, subrayan desde la formación. Además, desde AM–CC recuerdan que la gestión de los puntos de inspección debe ser coordinada entre las diferentes administraciones implicadas.
“El correcto funcionamiento del PIF depende no solo de la infraestructura disponible, sino también de la dotación de personal especializado por parte del Estado, la coordinación efectiva con las administraciones locales, como el Cabildo insular y el Ayuntamiento de la capital, así como el cumplimiento de las normativas nacionales en materia de sanidad exterior, aduanas y control fitosanitario”, agregaron.
AM-CC critica la "pasividad" ante el expolio del Sáhara Occidental
Por otro lado, Asamblea Majorera - Coalición Canaria Fuerteventura vuelve a reivindicar que esta práctica vulnera las resoluciones de Naciones Unidas y de la Unión Europea. Dichas sentencias establecen que la soberanía permanente sobre los recursos naturales del Sáhara Occidental pertenece al pueblo saharaui.
“Con esta actuación, se está perpetuando el expolio de recursos que el Reino de Marruecos ejerce sobre el pueblo saharaui de forma sistemática, y que con actuaciones como esta se alimenta el poder marroquí sobre el territorio saharaui en contra de los dictámenes internacionales”, subrayan desde AM-CC.
Desde la formación nacionalista advierten que esta operación podría vulnerar la legalidad internacional, así como la normativa española y canaria que regula la importación y tratamiento de arenas procedentes de terceros países. Por ello, solicitan a las administraciones competentes que investiguen con urgencia este caso y que se garantice el estricto cumplimiento de la legislación vigente “para evitar prácticas ilegales que puedan tener consecuencias medioambientales, jurídicas y políticas”, concluyen.
