El alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, ha confirmado que el Ayuntamiento trabaja con noviembre de 2026 como fecha probable para el inicio de la ejecución forzosa de la demolición de Marlape, si en los próximos meses no se presentan alternativas viables al restablecimiento de la legalidad.
Lo ha dicho en una entrevista en el programa La Voz de Fuerteventura, en Radio Insular, donde también ha anunciado la reunión, esta tarde, de la mesa de seguimiento del pacto tras el comunicado emitido por el PSOE, su socio de gobierno en la capital, sobre el futuro de la urbanización, desmarcándose del procedimiento iniciado hace más de año y medio por la corporación.
De Vera reconoció su “asombro” por la posición adoptada por el Partido Socialista. “Esta nueva posición del Partido Socialista nunca la había dicho en las reuniones de mayoría de Gobierno... fuimos de la mano, recordemos, con Toñi Fernández (edil socialista de Vivienda), Ana Hernández y la propia senadora Paloma Hernández, del PSOE, a Madrid para buscar alternativas a la situación de Marlape”, explicó el regidor.
El alcalde defendió que el trabajo se ha desarrollado “de forma conjunta y con lealtad”, y que su intención es reconducir el clima político mediante la reunión de la mesa del pacto “con la misma cordialidad y respeto con la que firmamos el primer pacto. Somos gente de palabra y queremos confianza”.
Marlape: cuenta atrás
En el terreno urbanístico, De Vera confirmó que el procedimiento avanza sin respuesta del Sareb, propietario de las viviendas. “A día de hoy, ante la negativa del Sareb de comunicar o iniciar procedimientos, se inició el restablecimiento de la legalidad, que en diciembre de este año causa la resolución. Al no cumplirse, se propone la demolición”, detalló.
De Vera recordó, no obstante, que existe todavía solución, "si el Sareb, el propietario, presenta un proyecto de urbanización en el cual se consideren aquellas viviendas fuera de ordenación en cumplimiento con el Plan General, se puede llegar a soluciones. Y quien dice el Sareb dice cualquier otro nuevo propietario”, recalcó.
Sin prioridad para los okupas
El alcalde también abordó la situación de las familias que ocupan las viviendas. “Van a tener los mismos recursos que cualquier vecino y vecina del municipio de Puerto del Rosario. Lo que no van a tener es ninguna prioridad por encima de ningún vecino”, aclaró.
De Vera insistió en que para estas familias, los apoyos municipales son los mismos que para el resto de la población vulnerable, pero subrayó que no todos los ocupantes están empadronados en el municipio, lo que limita las ayudas sociales. “Algunos vecinos de las infraviviendas de Marlape no son residentes del municipio de Puerto del Rosario, y por lo tanto poco podemos hacer, porque no podrán ser beneficiarios de ningún tipo de ayuda proveniente de este Ayuntamiento”, constató.
El regidor recordó que desde Servicios Sociales municipales se ofrecen apoyos económicos y asistenciales a las personas que acrediten vulnerabilidad, aunque en este momento no existan recursos habitacionales disponibles. “Disponemos de diferentes medidas de apoyo, tanto económicas como de medios, para casos de vulnerabilidad. Medicamentos, alimentación, manutención, alquiler o hipotecas, dependiendo del grado de vulnerabilidad”, subrayó.
El Ayuntamiento calcula un periodo de diez meses de multa coercitiva para el propietario si no ejecuta voluntariamente la demolición.
Superado ese plazo, ya se iniciaría a partir de noviembre de 2026 la ejecución forzosa, si Sareb o posibles empresarios interesados en Marlape no han presentado antes una propuesta alternativa, en el marco de la legalidad.
