El alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, anunció este viernes la paralización temporal del desahucio previsto en Corralejo para estos días. El alzamiento estaba anunciado entre los días 24 y 27 de este mes, pero tras el encuentro mantenido por el regidor y una treintena de familias con los representantes de la propiedad, se ha logrado un poco más de tiempo.
En una entrevista este viernes, en el programa La Voz de Fuerteventura, en Radio Insular, el también candidato al Senado por Fuerteventura mostró sus preocupación por las especiales dificultades de encontrar vivienda en el municipio y, también en el resto de la Isla, lo que complica conseguir una alternativa habitacional para los residentes. Por cuestiones como ésta, es preciso que Fuerteventura tenga voz en Madrid, recalcó, haciendo alusión a las elecciones generales previstas para este domingo 23 de Julio.
Desde el Sindicato de Inquilinas de Fuerteventura se hace un llamamiento al conjunto de la sociedad y, especialmente, “a quienes padecen esta lacra social y los animamos a que apoyen a estos vecinos que en el presente están viviendo esta insoportable situación; hoy son ell@s y mañana serán otr@s pudiendo tocarte a ti mism@”, recalcan en un comunicado.
La organización destaca que este desahucio afectará “por lo menso a 146 viviendas” aunque, añade, “podrían ser más, pues la opacidad es mayúscula”.
Así, estima que cerca de 250 personas, entre las que se encuentran personas “en situación de vulnerabilidad acreditada y sin alternativa habitacional”, se quedarán en la calle.
El sindicato explica que los vecinos fueron habitando estos espacios “cuando estaban abandonados y en estado ruinoso, convirtiéndolo en sus hogares antes de la compra por parte de Novo Canarias y Aliseda”.
Ahora, las viviendas serán explotadas por “una empresa con un capital social de 2.000.000 de euros y una gran inmobiliaria compuesta por el banco Santander y el mega fondo buitre Blackstone que, como inmensos tenedores se dedican a amasar ganancias astronómicas con un bien fundamental que le es negado a cada vez más población”.
Para la entidad, existe una “ofensiva generalizada contra los sectores menos favorecidos de la clase obrera frente a un nicho de negocios en el que la especulación y otras actividades fraudulentas campan a sus anchas, inflando cada vez más otra nueva burbuja económica que como la anterior promete que acabemos pagándola con dinero público”.
Insisten en que se viola de manera sistemática el derecho imprescindible y fundamental a la vivienda, recogido en el artículo 47 de la Constitución, y denuncian que el aparato mediático “se encarga de blanquear, presentando en las pantallas a familias e individuos que la inmensa mayoría de las veces viven una situación dramática como aprovechados, vándalos o casi que enemigos públicos protegiendo así los intereses de quienes pagan esas campañas de descrédito y criminalización que afecta de momento, insistimos, a los sectores más desprotegidos de los trabajadores”, concluyen.
