Miguel Felipe Rastrero criticó este miércoles con dureza la gestión del Consistorio capitalino hace dos décadas cuando se expropiaron unos terrenos en El Matorral.
Una operación urbanística llevada a cabo en 2004, cuando gobernaba Manuel Travieso Darias, que ha derivado en una sentencia condenatoria que obliga a la corporación a abonar más de 4 millones de euros a los que se suman los intereses correspondientes.
En total, más de 8 millones de euros “que estamos pagando ahora; no lo ha heredado solo el alcalde, David de Vera, lo han heredado los vecinos de Puerto del Rosario, que con sus impuestos tienen que pagar ocho millones y medio de euros”, recalcó.
Para el concejal, “habría que exigir responsabilidades, claramente, en este país hay políticos que toman decisiones muy arbitrarias y luego no ocurre absolutamente nada”, lamentó.
En esta línea, insistió en que deberían emprenderse acciones civiles contra quienes aprobaron aquella expropiación, ya que “se pueden pedir acciones civiles por prevaricación, si votaron a sabiendas de que era ilegal”.
Rastrero, además, dejó claro que este tipo de decisiones tienen consecuencias directas en la calidad de los servicios municipales y en el presupuesto municipal. Esa indemnización supone el 18% del presupuesto de la capital, “con ese dinero podríamos haber bajado los impuestos, como hemos propuesto desde el PP y el Grupo Mixto, pero no ha sido posible”, subrayó.
Catálogo de patrimonio: falta de rigor y de consenso
Para Rastrero, el voto de los concejales no puede tomarse a la ligera porque “tiene efectos jurídicos, civiles e incluso penales”.
En esta línea, hizo referencia a la reciente aprobación inicial del catálogo municipal de patrimonio, criticando que se intentara responsabilizar a la oposición por su falta de apoyo. “Nos acusan de estar en contra del patrimonio, y no es verdad. Todos queremos proteger el patrimonio, pero con garantías y participación”, dijo.
Rastrero denunció que los informes entregados no estaban completos y que incluso “un propio técnico dice que no se puede pronunciar técnicamente sobre dicho catálogo porque no está la información que tiene que tener”. También advirtió que la oposición tuvo apenas cuatro días para estudiar un expediente “super farragoso y mal documentado”.
En su opinión, el proceso de elaboración del catálogo ha estado plagado de irregularidades, falto de transparencia y urgencias. Causas que justificaron, dijo, su falta de apoyo al documento ya que “no queremos volver a tener enormes procesos judiciales que dentro de 15 años pague la ciudadanía”. Parece que un acta de un cargo público es como votar en el colegio, “pero esto es muy serio”, recalcó.
En este punto, el concejal tendió la mano al gobierno local para dejar de lado artículos de opinión y críticas, y consensuar iniciativas que permitan proteger el patrimonio y, por supuesto, la cornisa.
Es evidente que la cornisa hay que protegerla, apuntó, “pero ahora que las cosas se han hecho mal (porque no se aprobó el catálogo en el plazo previsto desde la aprobación del Plan General, en 2017) hay que ver a qué solución se llega y cómo se gestiona para proteger el patrimonio sin cercenar sus derechos a los propietarios”.
Aquí instó a negociar con los titulares de los inmuebles afectados, con derechos reconocidos vía sentencia judicial, y abogó por permutas en un proceso consensuado también con las fuerzas de la oposición.
“Habrá debate sobre el estado del municipio”
Otro de los puntos destacados en la entrevista fue la moción presentada por Rastrero y rechazada por el grupo de gobierno, en la última sesión plenaria, para celebrar un debate anual sobre el estado del municipio. Aunque en un principio la propuesta parecía bien acogida por el alcalde, David de Vera, finalmente fue desestimada. “Me sorprendió la reacción del grupo de gobierno, incluso con cierta agresividad”, lamentó Rastrero.
El concejal se mostró dispuesto a ejercer su derecho a convocar un pleno extraordinario, amparándose en el Artículo 46.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local que le permite convocar sesión en caso de lograr el apoyo de más del 25% de los ediles.
Con el 25% de las firmas de los concejales, el alcalde tiene 15 días hábiles para convocarlo, y si no lo hace, se convoca de facto para dentro de diez días, explicó. Aun así, Rastrero apostó por el consenso y se mostró a favor de ponerse a disposición del alcalde para que marque la fecha que mejor le pueda venir al municipio. “Yo quiero una oposición constructiva”, insistió.
Sugirió noviembre como una fecha adecuada y reivindicó el carácter democrático de este tipo de plenos, en los que pueden participar también las asociaciones ciudadanas. “En el Parlamento de Canarias lo llaman la fiesta de la democracia, pero aquí se ve como una agresión al grupo de gobierno”, ironizó.
Una unión mandatada por las Ejecutivas
El edil del grupo mixto, afiliado al Partido Popular, también hizo hincapié en la “fractura absoluta” que, a su juicio, existe entre los socios de gobierno AM-CC y el Partido Socialista. “Están bastante desunidos. Yo creo que tanto uno como otro permanece en el gobierno por imposiciones de las ejecutivas insulares”, concluyó.
