Desde la entrada en vigor de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de la Vivienda, el pasado 13 de diciembre de 2025, se han dado de baja 1.593 viviendas vacacionales del Registro General Turístico de Canarias, lo que supone 6.228 plazas de alojamiento.
Así lo aseguró el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez, en una entrevista en el programa La Voz de Fuerteventura, en Radio Insular, defendiendo que la aplicación de la norma está siendo progresiva y sin el impacto que algunos colectivos habían pronosticado.
"Desde la entrada en vigor de la ley solo se han dado de baja en el Registro General Turístico exactamente 1.593 viviendas vacacionales en toda Canarias", afirmó Rodríguez subrayando que "no ha habido ni extinción ni exterminio; hay un aterrizaje suave".
En Fuerteventura, el Registro General Turístico contabiliza 10.058 viviendas vacacionales en funcionamiento, con 41.244 plazas.
No obstante, añade, el número de viviendas inscritas asciende a 12.450, con un total de 50.676 plazas; "el número es mayor porque hay algunas que están dadas de alta pero no en funcionamiento", recalca.
Miles de anuncios retirados de las plataformas
Rodríguez diferenció las bajas registradas oficialmente del Registro de la desaparición de miles de anuncios de viviendas vacacionales en las principales plataformas digitales.
Según explicó, esa reducción responde a la aplicación del reglamento europeo de intercambio de datos y a la colaboración entre las plataformas y las comunidades autónomas para eliminar ofertas que incumplían la normativa.
Entre ellas citó viviendas anunciadas en azoteas, locales comerciales, contenedores o furgonetas, que, según señaló, operaban de forma manifiestamente ilegal.
Esas retiradas, insistió, no pueden atribuirse a la nueva ley autonómica, sino al proceso de depuración impulsado por la nueva normativa europea.
La mayoría de ayuntamientos no verificó si las VV cumplían la normativa de 2015
La aplicación de la ley entra ahora en una etapa en la que el protagonismo corresponde a los ayuntamientos, responsables de ordenar dónde y cómo se ejercerá la actividad y, además, comprobar que las viviendas vacacionales cumplen la normativa en materia de actividades clasificadas.
Rodríguez recordó que esa obligación ya existía desde 2015 y aseguró que muchos municipios no habían desarrollado los procedimientos de comprobación previstos en la legislación.
"Es muy triste decirlo: de los 88 ayuntamientos canarios, la inmensa mayoría no cumplieron su obligación legal de ejercer la competencia de comprobación"; es más, añadió, "algunos ayuntamientos no verificaron ni una, y no son minoría los que no verificaron ni una; eran mayoría".
El director general insistió en que el problema es que no se ha actuado "para hacer cumplir la ley, no de ahora, que se acaba de aprobar, sino la de 2015", recalcó.
El director general avanzó que en Fuerteventura ya se celebró una reunión con las oficinas técnicas municipales para unificar criterios sobre la aplicación de la norma y afirmó que, tras ese encuentro, "ya no hay dudas" sobre las obligaciones que corresponden a las administraciones locales.
El responsable autonómico añadió que los ayuntamientos disponen de diferentes herramientas para ejercer esas competencias, desde medios propios hasta encomiendas de gestión o asistencia de otras administraciones, e insistió en que el objetivo es garantizar que las viviendas destinadas al alquiler vacacional reúnan las condiciones de seguridad, salubridad y accesibilidad exigidas por la legislación.
Canarias traslada su modelo a Bruselas
Durante la entrevista, Rodríguez también hizo balance del reciente viaje realizado a Bruselas junto a la consejera de Turismo, Jessica de León, para presentar el modelo canario de ordenación del uso turístico de la vivienda ante la Task Force creada por la Comisión Europea para elaborar la futura estrategia comunitaria en materia de vivienda.
Canarias defendió la necesidad de situar el derecho a la vivienda por delante de otros usos cuando existe un problema de acceso para la población residente. Una posición que Rodríguez vinculó con la Resolución del Parlamento Europeo de 21 de enero de 2021 sobre el acceso a una vivienda digna y asequible para todos, en la que la Eurocámara alertó sobre el impacto de la financiarización de la vivienda y reclamó medidas para garantizar ese derecho. "Se está usando la vivienda como un producto financiero y no como un derecho humano", apuntó.
En ese contexto, Rodríguez aseguró que la experiencia acumulada por Canarias durante la elaboración de la ley despertó el interés de los responsables europeos y afirmó que algunas de las aportaciones realizadas por el Archipiélago "no las habían tenido en cuenta". Entre ellas citó la realidad específica de los territorios insulares y la necesidad de compatibilizar la actividad turística con el acceso de la población residente a la vivienda. "La vivienda ha nacido para tener vecinos y solo excepcionalmente podrá tener turistas", afirmó.
