Ana Hernández dio cuenta del procedimiento del servicio de Bar-Cafetería en la plaza Millares Sall de Puerto del Rosario, resuelta la concesión en 2022, a través de un procedimiento negociado sin publicidad, después de que la licitación quedara desierta.
Un contrato administrativo que regula el uso del espacio público, por el que el adjudicatario -Grupo VIP Fuerteventura, representado por Álvaro Sanz- abona un canon de 240 euros al año -por un período de cuatro años- pero que no autoriza la apertura sin licencias. “El contrato no legitima para tener permiso. Simplemente lo que nos hace es regular el uso”, indicó.
En ese sentido, insistió en que el propio contrato deja claro que es el concesionario quien debe solicitar las licencias urbanísticas y de actividad. “No es primero ejecuto la obra y luego pido el permiso”, recalcó, comparando la situación con el alquiler de un local privado. “Usted alquila un local en el cual quiere realizar una actividad de cafetería, pero eso no le da permiso ni la licencia para que lo desarrolle sin que pase por Urbanismo”.
Hernández detalló que entre 2022 y octubre de 2025 Urbanismo no tuvo constancia de ninguna actuación relacionada con el establecimiento. “Desde el 2022 hasta el 2025 no hay ni siquiera una consulta”, afirmó. Ni la instalación del quiosco ni la ocupación del espacio público pasaron por el área de Urbanismo para solicitar licencia de obra o de actividad clasificada.
La situación se detectó tras un parte de la Policía Local, que motivó una reunión con el empresario en octubre. En ese encuentro, según explicó la concejala, se le trasladaron de forma clara los requisitos legales que debía cumplir y se le pidió que presentara la documentación necesaria.
Posteriormente, según relató la edil, el área de Contratación del Ayuntamiento le requiere, a principios de noviembre y en el plazo de diez días, la documentación obligatoria; es decir, entre otras, la licencia urbanística -para la instalación del kiosko y obras realizadas- y la licencia de actividad clasificada que posibilite el ejercicio de la actividad como bar cafetería. Sin embargo, finalizado el plazo, no hay respuesta por lo que las irregularidades continúan.
Es el 31 de diciembre cuando la Policía Local levanta otra acta por la celebración de un evento con D.J.
Una fiesta que se celebra sin contar, si quiera, con un plan de seguridad. “No solo estaba abierto sin título habilitante, sino que encima también se ha realizado un evento”, recalcó la edil, indignada.
Según explicó la titular de Urbanismo, es ese informe policial el que dio lugar a la intervención del área de Contratación y al análisis del expediente, que concluyó que no se cumplían los condicionantes del contrato ni las exigencias legales por lo que se procedió al precinto del local el 19 de enero.
Cuestionada sobre el tema de la habilitación de baños químicos, Hernández insistió en que no se ajustan a la normativa. "Los baños químicos no los permite una actividad clasificada de bar-cafetería”, recalcó.
Se da la circunstancia de que días previos al precinto, el empresario presentó en el Ayuntamiento una comunicación de inicio de actividad clasificada, "pero incompleta y sin validez, y lo hace cuando ya se intuía que el procedimiento iba a avanzar", insiste Hernández. Una comunicación sin proyecto ni documentación técnica que Urbanismo consideró "insuficiente y no válida" por lo que el procedimiento prosiguió y acabó en precinto.
Fue después cuando el empresario hizo entrega de un proyecto que se encuentra en el departamento técnico para determinar, entre otras cuestiones, la compatibilidad del uso de bar-cafetería con el planeamiento en la plaza Millares Sall.
¿Persecución o incumplimiento?
Tras el precinto, un grupo de personas promovió una concentración frente a la Casa Consistorial en apoyo al empresario que con antelación había promovido intervenciones en redes sociales acusando al Ayuntamiento de hostigamiento y persecución hacia su persona haciendo referencia a la discoteca Camelot que fue precintada.
Cuestionada sobre las acusaciones, la concejala rechazó de plano ese planteamiento. “Si persecución es aplicar la normativa, yo ahí ya no tengo nada más que decir”, afirmó. “Aquí lo único que se está aplicando es la normativa”.
En relación con la discoteca vinculada al empresario, Hernández explicó que el expediente sancionador continúa y que se inició a partir de actas policiales que constataron la presencia de menores y obras sin título habilitante. “El expediente sigue”, afirmó, precisando que una sentencia dio la razón al empresario en un aspecto concreto del procedimiento, pero que “no cambia absolutamente nada el expediente que continúa su curso".
Recordó que, según el acta, "se constata la presencia de menores, se constata también que hay un andamio realizándose obras, obras sin título habilitante (…) y también existe una bombona de gas”. Con esos hechos, se inicia un procedimiento de restablecimiento de la legalidad y un sancionador que todavía no ha culminado.
Tratos de favor y denuncias
Sobre las críticas recibidas por supuestos tratos de favor a empresarios, la edil también fue tajante. “Actuamos igual con todos”, defendió, recordando que ella misma ha sido denunciada personalmente por aplicar la normativa en otros casos.
“Me han denunciado con nombre y apellido por aplicar la ley (…) y lo hemos ganado”, señaló, haciendo referencia a la denuncia interpuesta por los responsables de El Muelle Viejo por limitar su actividad.
Si usted no tiene título habilitante para bar musical, recordó, se pueden realizar un máximo de 14 eventos al año en un mismo lugar. “Cuando nosotros llegamos hacia atrás no se realizaban 14, se realizaban todos los fines de semana”, constató defendiendo la actuación de la corporación en base a la ley.
Equilibrio entre ocio y descanso
Ana Hernández afirma que Puerto del Rosario necesita dinamizarse por lo que el Ayuntamiento, recalcó, trabaja en distintas iniciativas y ordenanzas para facilitar eventos y pequeños espectáculos. Recordó también que el planeamiento no permite el uso de discotecas en determinadas zonas por lo que se ha habilitado el polígono industrial de Risco Prieto, alejado de los vecinos y evitando las numerosas quejas vecinales que se reciben.
“Buscamos el equilibrio entre el ocio y el descanso”, subrayó, “pero aplicando la ley”.
Para concluir, Ana Hernández consideró “injusto” el clima generado tras el precinto, especialmente cuando, según subrayó, las críticas y amenazas se dirigen también contra el personal técnico del Ayuntamiento. “A mí realmente me parece injusto que de manera gratuita tengamos que recibir estas amenazas”, señaló, añadiendo que "lo que a mí realmente me duele es que se meten con compañeros técnicos", zanjó.
