El Parlamento de Canarias ha aprobado un nuevo Decreto-ley destinado a mejorar el sistema de atención a la dependencia en el archipiélago, reforzando las prestaciones económicas y ampliando las herramientas de apoyo tanto a las personas dependientes como a su entorno familiar.
La norma regula las condiciones y cuantías máximas de las prestaciones vinculadas a los servicios, los cuidados en el entorno familiar, el apoyo a personas cuidadoras no profesionales y la asistencia personal, con el objetivo de avanzar hacia un modelo más adaptado a las necesidades actuales.
Durante el debate, la diputada del Grupo Nacionalista Canario (CCa), Jana González Alonso, destacó que este Decreto-ley impulsa “un modelo que favorece la autonomía, la independencia y facilita la conciliación con el cuidado de quienes lo necesitan”.
Nuevos avances en la atención a la dependencia
Entre las principales novedades, el decreto incorpora el nuevo Grado III+, dirigido a personas en situación de dependencia extrema que requieren apoyos intensivos en su domicilio. Esta medida busca dar respuesta a casos que hasta ahora no estaban plenamente cubiertos por los grados existentes, especialmente en situaciones complejas como las derivadas de enfermedades como la ELA.
Asimismo, se regula por primera vez la Prestación Económica de Asistencia Personal, que permitirá la contratación de apoyo individual durante determinadas horas, facilitando el acceso a la educación, el empleo y la vida independiente de las personas dependientes.
Según González, esta medida cobra especial relevancia en Canarias debido a la escasez de recursos sociosanitarios y permitirá que muchas personas mayores puedan permanecer en sus hogares con la asistencia necesaria, evitando su traslado a centros residenciales.
Compatibilidad de prestaciones y apoyo a las familias
El nuevo marco normativo también introduce cambios en la Ley de Servicios Sociales de Canarias para mejorar el régimen de compatibilidades. En concreto, permite combinar prestaciones como la ayuda a domicilio y la asistencia personal, evitando que los beneficiarios tengan que elegir entre una u otra.
Este enfoque busca mejorar la calidad de vida tanto de las personas dependientes como de sus familias, promoviendo la conciliación en el ámbito de los cuidados.
La diputada majorera subrayó que este avance responde a las demandas de la población más vulnerable y refuerza la garantía de sus derechos, al tiempo que aporta mayor seguridad jurídica al sistema.
Mejora en la gestión del sistema
González también destacó la evolución positiva en la gestión de la dependencia en Canarias en los últimos años, con una reducción de la burocracia en los trámites y una disminución en los tiempos de resolución.
No obstante, reconoció que la prestación de estos servicios sigue siendo un reto en el archipiélago debido a las particularidades de cada isla, lo que exige seguir avanzando en soluciones adaptadas al territorio.
Con la aprobación de este Decreto-ley, Canarias da un paso más en la consolidación de un sistema de atención a la dependencia más flexible, accesible y centrado en la autonomía personal.
