Manuel Miranda: “El territorio no puede ser el damnificado de la emergencia habitacional”
El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, confirmó, en una entrevista en el programa La Voz de Fuerteventura, en Radio Insular, que las intervenciones se desarrollarán de forma coordinada entre las distintas administraciones y alcanzarán a todos los municipios de la isla.
Miranda justificó esta acción asegurando que la emergencia habitacional que atraviesa Canarias no puede resolverse a costa del territorio. "El territorio es la garantía de futuro para las próximas generaciones", subrayó advirtiendo de que la respuesta al grave problema de la vivienda no puede traducirse en una degradación del suelo rústico.
El consejero explicó que las actuaciones previstas "para los próximos meses", se dirigirán a aquellos asentamientos que continúan creciendo de forma irregular. Aunque reconoció que existen diferencias de incidencia entre municipios, aseguró que el fenómeno afecta a toda Fuerteventura y que las administraciones ya tienen identificadas las zonas donde será necesario intervenir.
Uno de los casos más notorios es el asentamiento situado en la entrada de Gran Tarajal.
Según indicó, la actuación administrativa permanece paralizada porque el asunto se encuentra en manos de la justicia tras la intervención de la Fiscalía. Miranda afirmó que, en este caso, el problema trasciende la instalación aislada de infraviviendas y responde a parcelaciones ilegales en suelo rústico que han dado lugar a agrupaciones de viviendas sin servicios básicos como abastecimiento de agua o saneamiento.
Una situación que tambíen se está dando en otras islas donde, incluso, aseveró, se ha constatado la existencia de inmuebles que podrían estar destinándose a segunda residencia o vivienda vacacional, "generando una actividad lucrativa".
Una Ley del Suelo con endurecimiento de sanciones
Miranda defendió que la actualización de la Ley del Suelo, que tras aprobarse en el Consejo de Gobierno ha pasado al Consultivo antes de iniciarse su tramitación parlamentaria -previsiblemente en el mes de septiembre-, reforzará la capacidad de actuación de las administraciones.
Entre las principales novedades destacó el endurecimiento del régimen sancionador y la ampliación del plazo de prescripción de los expedientes urbanísticos, que pasará de cuatro a ocho años. A su juicio, la medida pretende evitar que determinadas infracciones queden impunes por el transcurso del tiempo y reforzar el carácter disuasorio de la normativa.
El titular de Política Territorial recordó que, antes de imponer sanciones, la prioridad de la Agencia de Protección del Medio Natural es promover expedientes de restauración para que los infractores retiren voluntariamente las instalaciones ilegales y restituyan el terreno a su estado original. No obstante, advirtió de que cuando estas actuaciones no prosperan los procedimientos continúan su tramitación administrativa e incluso pueden derivar en la vía penal por delitos contra la ordenación del territorio.
En este contexto, defendió que la reforma legislativa busca compatibilizar la respuesta a la emergencia habitacional con la protección del territorio. "El territorio es nuestro futuro y eso no podemos permitir que se degrade", concluyó.
