La organización considera que esta actuación, promovida por la cadena RIU tras un requerimiento del Ministerio para la Transición Ecológica, no responde a una voluntad real de reparar el daño causado al litoral, sino que se trata de un gesto cosmético orientado a evitar la caducidad total de la concesión, según destaca en un comunicado.
Desde el colectivo ecologista se insiste en que esta demolición no puede interpretarse como un paso hacia la restitución ambiental del enclave, sino más bien como una estrategia defensiva ante el inminente vencimiento de los derechos de ocupación sobre el dominio público marítimo-terrestre. Un dominio, recuerdan, que es de carácter público y protegido por la Constitución.
Según detallan, el expediente de caducidad iniciado en su día (CNC12/06/35/0002) no fue resuelto de forma firme por parte de la Administración, a pesar de las numerosas infracciones documentadas.
La organización denuncia que RIU habría incumplido de forma reiterada las condiciones de la concesión, con la ejecución de obras no autorizadas que aumentaron la superficie y volumen del hotel, la instalación irregular de infraestructuras como una planta desalinizadora o una depuradora con vertidos al mar, y la construcción de piscinas, spa y accesos que desbordaban el proyecto original aprobado.
Estas modificaciones, sostienen, han tenido un impacto negativo sobre el ecosistema dunar, tal como han evidenciado informes científicos elaborados por universidades canarias y recogidos en el propio Plan Rector del Parque Natural.
Turcón rechaza además la idea de que la presencia histórica del hotel en la zona constituya un derecho adquirido. Según su interpretación jurídica, la ocupación del litoral debe ser temporal y justificada por interés general, algo que, en su opinión, no se cumple en este caso.
Por otro lado, los ecologistas han mostrado su inquietud por lo que describen como una campaña de presión institucional a favor de los intereses de RIU. Acusan al Gobierno de Canarias y a ciertos sectores políticos y empresariales de actuar como “lobby turístico” y de cuestionar las competencias estatales sobre el litoral, llegando incluso a amenazar con recurrir al Tribunal Constitucional.
Frente a esta situación, exigen la reapertura inmediata del expediente de caducidad, la demolición completa del complejo hotelero, la restauración ecológica del entorno y la depuración de responsabilidades por la inacción mantenida durante años. También piden al Estado que no ceda ante las presiones y que actúe con firmeza en defensa del patrimonio común.
“¡Ni un metro más de costa para la especulación!”, concluye el comunicado difundido por Turcón, que insiste en que las dunas de Corralejo deben permanecer libres y vivas.
