La intervención de agentes de la UDEF en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario el pasado jueves alteró de forma notable el trabajo diario que realiza el personal de la corporación. Los agentes de la unidad contra la delincuencia económica registraron las dependencias para bucear entre los archivos buscando información relativa a los 36 expedientes que conforman la base de la operación que se desarrolla bajo el nombre de Odín y que superan el millón de euros.
Mientras se llevaba a cabo el registro, fueron detenidos el arquitecto técnico municipal, José Luis Espinel, la ex edil de Contratación y edil en la oposición, Peña Armas, y el empresario Cipriano Armas. Detenciones "de oficio" para evitar interferencias durante los registros.
Pocas horas después, los tres quedaban en libertad a la espera de citación judicial. Además, hay otras cinco personas más investigadas por irregularidades en los contratos que llegan hasta Antigua. Están incluidos el edil de Antigua Jonathan Peña y quien fuera también concejal, en la pasada legislatura, Juan Pedro Galván Laso.
Sin estar investigada, de forma voluntaria "pero a instancias de la UDEF", según precisa, prestó declaración la consejera insular Sonia Álamo, compañera de Peña en Ciudadanos en el período que se está investigando, entre los años 2021 y 2023. Posteriormente, promovió la creación del partido Fuerteventura Avanza que en la actualidad dirige Peña Armas y logró acceder al acta en el Cabildo insular gracias a una alianza con Nueva Canarias, de la que actualmente es portavoz, aunque sin pertenecer a la formación.
Respeto a la Justicia y presunción de inocencia
A la espera de que la investigación avance, desde el gobierno de Puerto del Rosario los concejales Jenifer Pérez y David de León reconocen, en una entrevista en el programa La Voz de Fuerteventura en Radio Insular que la experiencia ha sido difícil. "No es una situación agradable para ninguno”, reconoció el concejal de Servicios Municipales y Patrimonio Histórico. “Pero nosotros acatamos lo que la justicia realiza. Presunción de inocencia lo primero”, recalcó.
Por su parte, la concejala Jennifer Pérez, responsable de Juventud y Medio Ambiente, también describió el malestar interno tras la actuación policial. “Fue bastante incómodo para todos. Sobre todo con José Luis (el arquitecto técnico municipal) porque trabajamos codo a codo con él", reconoció.
De momento, el grupo de gobierno asevera que no ha recibido ninguna notificación formal sobre el procedimiento. “Si llegara algún tipo de documento, se tomarían las medidas que tengan que tomarse”, añadió De León.
Ambos concejales insistieron en que su objetivo sigue siendo trabajar para mejorar el municipio. “Llevamos poco tiempo en política. Esto no le gusta a nadie, pero si se ha hecho, será porque era necesario”, dijo De León. En esta línea destacó la auditoría externa que impulsó la corporación tras su llegada al gobierno.
A la espera de conocer el avance del procedimiento, "seguimos trabajando, que es para lo que hemos venido”, concluyó Pérez.
