Matilde Asián ha recalcado que este proyecto de PGCAC es riguroso y se ajusta a las reglas de estabilidad previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ya que, para su elaboración, se ha recurrido a la última referencia del Programa de Estabilidad del Reino de España, que obliga a un superávit del 0,1% del PIB para las comunidades autónomas. Respecto al límite del crecimiento del gasto computable, se ha aplicado la tasa de referencia del 3,3% fijada para 2025 por el Gobierno central. “No podemos utilizar el superávit para destinarlo a gasto social ni crecer por encima del 3,3% de nuestro PIB porque así lo establece una tasa de crecimiento del año 2023, completamente desfasada”, ha señalado la consejera.
Para Matilde Asián es urgente que el Gobierno trasponga a la legislación española la normativa tributaria de la Unión Europea, mucho más flexible y de la que sí se beneficia el Gobierno central. “No hacerlo, perjudica seriamente a las comunidades autónomas y corporaciones locales”, aseguró.
A pesar de las incógnitas, el presupuesto de la comunidad autónoma para 2026 cuenta con un crédito inicial de 12.491 millones de euros. Esto supone un incremento del 7%, lo que se traduce en 813 millones de euros más respecto a los presupuestos iniciales de 2025, que se destinarán, principalmente, a garantizar el gasto en políticas sociales.
Del volumen total de recursos disponibles, algo más de 8.000 millones, se destinan a financiar los servicios públicos esenciales en materia de sanidad, educación, servicios sociales y acceso a la vivienda. Esta cifra supone un incremento de 490 millones de euros respecto a la cantidad destinada en el ejercicio anterior a estas áreas, consolidando y reforzando el sistema de bienestar en Canarias y colocando a las personas en el centro.
De esta manera, al Servicio Canario de Salud le corresponden 4.833 millones, lo que supone un incremento del 5,2% respecto al año anterior, con una subida de algo más de 240 millones de euros. Educación incrementa su partida en 159 millones de euros, el doble que el incremento del año pasado, situándose en un diferencial del 7,4%, con 2.313 millones de euros. Es en estas dos áreas donde también se experimenta un mayor crecimiento en gastos de personal. Del incremento global del capítulo I que asciende a 364,7 millones de euros, el 90% de dicho crecimiento va destinado a reforzar el personal de las áreas de servicios públicos fundamentales como sanidad, educación, justicia y seguridad. De hecho, el área de sanidad registra un incremento de 170,7 millones de euros; mientras que el colectivo de educación (docentes) registra un incremento del gasto de 130,2 millones de euros.
Por otro lado, el gasto en Bienestar Social asciende a 824 millones de euros, 62 millones de euros más, lo que supone un incremento del 8,2% respecto a 2025. Respecto a la vivienda, el Instituto Canario de la Vivienda refleja un incremento del 14,9%, con una partida de 197,5 millones de euros, casi 26 millones de euros más.
Asimismo, destaca el crecimiento de Transición Ecológica y Energía, con 454 millones de euros, un 44,8% de subida respecto al ejercicio anterior, es decir, 140 millones de euros más procedentes, fundamentalmente, de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Este incremento refuerza el compromiso del Gobierno con las políticas de transición energética hacia las energías renovables, lucha contra el cambio climático y movilidad sostenible.
El incremento presupuestario también va a permitir financiar mejoras en las ayudas al sector primario, mejora en la dotación de los proyectos destinados al refuerzo de la capacidad empresarial; así como los de promoción y diversificación económica de Canarias, sin descuidar el refuerzo de la actividad turística, principal motor de la economía canaria, mejorar las comunicaciones y digitalización de los servicios públicos.
En el ejercicio 2026 los proyectos vinculados al MRR entrarán en su última de fase de implementación al finalizar, previsiblemente su plazo, en el mes de agosto. La ejecución de estos proyectos ha supuesto un enorme reto que se mantendrá durante del ejercicio 2026, priorizando su ejecución a fin de garantizar la máxima absorción de estos fondos y el mayor grado de cumplimiento posible.
También en el año 2026 se impulsará el despliegue de los fondos europeos del marco financiero plurianual 2021-2027, que constituyen una prioridad dentro del presupuesto autonómico y contribuyen al crecimiento económico, la creación de empleo, la competitividad empresarial o la transformación digital mediante la financiación de proyectos estratégicos.
Asimismo, la ley de Presupuestos de la CAC para 2026, prevé mantener la bonificación extraordinaria y temporal del precio final del combustible derivado del petróleo para las islas no capitalinas.
En cuanto al reparto del gasto por islas para inversiones, a Tenerife le corresponden 281,9 millones de euros, encabezando el incremento con un 13,5%. Le sigue Gran Canaria, con un 13% de incremento respecto a 2025, con 271,5 millones de euros. A Lanzarote se le asignan 144,7 millones de euros y a Fuerteventura, 139,9 millones. Les siguen La Palma, con 129,5 millones, La Gomera con 102,3 millones, El Hierro con 62,7 millones y La Graciosa, con 2,5 millones de euros.
Ingresos
El crecimiento presupuestario es posible, en gran medida, por la evolución positiva del sistema de financiación autonómica (SFA), que constituye el principal componente de los recursos no financieros de la comunidad autónoma. Las entregas a cuenta del SFA de 2026 y la previsión de liquidación correspondiente a 2024 ascienden a 8.194 millones de euros, lo que representa el 74% de los ingresos no financieros del presupuesto. En su conjunto, las cifras del SFA, suponen un incremento del 8,2% en relación al total de recursos del sistema de financiación a percibir en el año 2025.
Por su parte, los recursos del Bloque de Financiación Canaria, que constituye el segundo componente más importante del presupuesto, también experimentan un incremento de casi el 7% respecto a la previsión inicial de 2025.
Medidas tributarias y otras bonificaciones
En relación a la política fiscal, la preocupación del Gobierno de Canarias por el acceso a la vivienda de sus ciudadanos, se verá reflejada en la mejora de las deducciones fiscales para adquisición de vivienda habitual. Al respecto, el proyecto de presupuesto de 2026 fortalece las rebajas en el Impuesto General Indirecto de Canarias (IGIC) y en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales para adquisición de vivienda habitual, aumentando la edad, la renta máxima para acogerse a las mismas (46.455 euros), así como el importe de adquisición de los inmuebles (hasta 200.000 euros). “La subida del nivel de renta va a permitir que repercuta en la población porque se ajusta mejor a la realidad y esto hará que se puedan beneficiar un mayor número de personas”.
Asimismo, entre las medidas que afectan al IRPF, destaca la deflactación de la tarifa autonómica en función de la evolución del IPC o la creación de la deducción por inversión en entidades de nueva o reciente creación.
También se gradúan los tipos tributarios a aplicar a las bebidas energéticas y refrescantes, en función del nivel de azúcares añadidos. Se introduce el aceite vegetal hidrogenado como biocarburante a tipo 0% de IGIC y se incluyen las camas hospitalarias como aparatos sanitarios que tributan a tipo 0%.
Se elimina además el AIEM sobre combustibles puesto que ya no se producen en Canarias, y se introduce de un tipo específico del 1% en el IGIC para gravar la entrega e importaciones de combustible, actualmente gravada a tipo 0.
Por último, se incrementa el tipo impositivo en determinadas modalidades del Impuesto sobre las labores del tabaco en función del diferencial fiscal con el resto de España y de países de la Unión Europea. En este mismo sector, la tributación de las bolsas de nicotina pasa de ad valorem a específico.
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