UN FUNCIONARIO SOLICITA LA RESTITUCIÓN TOTAL DE LAS PAGAS EXTRAORDINARIAS DE TODOS LOS EMPLEADOS PÚBLICOS
“La crisis terminó, el recorte no”: exige la devolución íntegra de las pagas extra y advierte de un aluvión de demandas
Un alto funcionario ha lanzado una acusación directa contra el Estado: mantener de forma encubierta, durante más de quince años, un recorte salarial que nació como medida excepcional y que, según sostiene, hoy carece de cualquier justificación legal.
Miguel Ángel Socorro Perdomo, Jefe de Servicio de Gestión Presupuestaria del Cabildo de Fuerteventura, ha registrado una petición formal ante el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública en la que exige algo tan concreto como explosivo: la restitución total de las pagas extraordinarias de los empleados públicos y la devolución de todo lo recortado no prescrito.
Su tesis es contundente: el Real Decreto-ley aprobado en plena crisis económica fue una medida de emergencia, pero su efecto sigue vivo hoy en las nóminas públicas, convertido —denuncia— en un recorte estructural disfrazado de normalidad.
“Una práctica arbitraria sostenida en el tiempo”
El escrito eleva el tono y apunta a posibles vulneraciones constitucionales. No habla solo de injusticia, sino de arbitrariedad: mantener una reducción salarial sin causa actual, afirma, rompe principios básicos como la seguridad jurídica, la proporcionalidad y la confianza legítima.
En esencia, la acusación es grave: el Estado estaría consolidando por la vía de los hechos una rebaja salarial permanente que nunca fue aprobada como tal.
Mientras tanto, las pagas extraordinarias —que legalmente deberían equivaler a una mensualidad completa— siguen sin alcanzar ese nivel, lo que para el reclamante constituye la prueba más clara de que el recorte de 2010 nunca se ha desmantelado del todo.
Una factura millonaria en juego
La ofensiva no se queda en lo simbólico. El funcionario exige la devolución retroactiva de las cantidades “detraídas indebidamente” durante años, con intereses. De prosperar, el impacto económico podría ser enorme y abrir un frente inesperado para las cuentas públicas.
Pero el movimiento va más allá del dinero: introduce el riesgo de un efecto dominó. Si otros empleados públicos siguen el mismo camino, la reclamación podría multiplicarse a escala nacional.
Aviso directo: de la Administración a los tribunales
El mensaje al Gobierno es casi un ultimátum. Tres meses: ese es el plazo que tiene la Administración para responder. Si no lo hace —o si responde sin entrar en el fondo—, el caso saltará directamente a los tribunales por vulneración de un derecho fundamental.
El propio escrito deja clara la estrategia: agotar la vía administrativa para activar de inmediato acciones judiciales, incluyendo recursos contencioso-administrativos y reclamaciones por responsabilidad patrimonial del Estado.
El retorno del conflicto salarial
La iniciativa reabre un debate incómodo que nunca terminó de cerrarse: hasta qué punto los recortes de la crisis siguen incrustados en el sistema retributivo público.
Durante años, los gobiernos han defendido que la situación está normalizada. Este caso cuestiona frontalmente ese relato y plantea una idea incómoda: que parte de la austeridad de 2010 no solo sobrevivió, sino que se consolidó silenciosamente.
Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, alguien ha decidido llevar esa sospecha hasta las últimas consecuencias.
