viernes. 29.03.2024


Desde marzo, cuando abrió las puertas la oficina insular, ubicada en la calle Virgen del Rosario número 13, de la capital, Adivia ha atendido a un total de 790 personas y ha contribuido a presentar once solicitudes de ayuda para proyectos destinados a adaptar las viviendas a las necesidades de los usuarios con discapacidad.

Así lo desveló este lunes, en una entrevista en Radio Insular, el presidente de la entidad, José Gómez, donde denunció que la mayoría de las gestiones y solicitudes con la administración deben realizarse de forma telemática aunque las plataformas no están preparadas porque no son accesibles.

Por ello, insistió en la labor que se realiza, de forma personalizada, en el punto de información insular donde las personas interesadas reciben información, asesoramiento e, incluso, “la realización de los proyectos que deben presentar gracias al Colegio de Aparejadores que son los que redactan los proyectos”, insistió.

Gómez agradeció, además, la colaboración suscrita recientemente con el Ayuntamiento de Puerto del Rosario en aras de impulsar una capital accesible a todas las personas. En este punto, destacó los 15.000 euros recibido de la corporación para hacer frente a los gastos de alquiler del punto de información, el material necesario para llevar a cabo la labor así como los distintos cursos de lenguaje de signos que, con mucha demanda, va a celebrar Adivia hasta finales de año.

El presidente de la entidad anunció, durante la entrevista, la próxima comparecencia prevista en el mes de octubre, en sede parlamentaria, para exigir el mantenimiento y la consolidación del programa de formación a los jóvenes con  discapacidades que cumplan más de 21 años y que apenas cuentan con recursos para continuar su aprendizaje y capacitación al objeto de conseguir ser lo más independientes posibles.

De momento, constató Gómez, la mayoría de ellos se quedan relegados en sus casas, al cuidado de sus familias, y todo lo que han aprendido lo olvidan. El gobierno debe darse cuenta, subrayó, que una vez los padres fallezcan, los jóvenes serán responsabilidad directa del gobierno por lo que es necesario apostar por su independencia, por pisos tutelados donde puedan manejarse de una forma relativamente autónoma y por este tipo de programas dirigidos a potenciar su autonomía.

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