La Voz del Tercer Sector en Fuerteventura….servicios externalizados low cost
¿Qué pasaría si el tercer sector dejara de operar en Fuerteventura? Es la pregunta planteada en la tertulia del viernes, en el programa La Voz de Fuerteventura en Radio Insular, donde representantes de las asociaciones majoreras AFFA, ASOMASAMEN, ADIVIA y ENTRE MARES respondieron de forma rotunda: “estaríamos abocados a una crisis social”.
Su labor en los distintos ámbitos cubre la demanda de buena parte de la población que no encuentra respuesta en la administración pública. Deberíamos ser coadyudantes en la gestión “pero nunca desarrollar la labor de forma exclusiva, como estamos haciendo”, argumentaba Marcos Rodríguez, presidente de Entre Mares.
Una entidad que atiende a las personas migrantes y, también, a canarios retornados, ofreciéndoles todo tipo de información y asesoramiento para regularizar su situación o ayudarles en distintos trámites. Por falta de financiación, Entre Mares cerró sus puertas el pasado 31 de diciembre y las vuelve a abrir este próximo lunes, 4 de marzo.
El problema, que comparten las entidades, es que el dinero consignado por las corporaciones “no llega en tiempo y forma”. Una demanda que plantean desde hace años y a la que todavía no se ha dado respuesta por parte de los organismos oficiales.
Estamos a uno de marzo, constatan, “y ni el Cabildo ni el Gobierno de Canarias nos han efectuado el ingreso”, subrayó desde ADIVIA su gerente, Juan Carlos Placeres.
En situación similar ASOMASAMEN y AFFA. Fueron las entidades que hace un año promovieron encuentros con los dirigentes políticos para arrancar su compromiso, previo a la cita electoral, de atender a esta urgencia. Ana Trujillo y Teresa Cabrera, respectivamente, hacen balance pero constatan que la situación poco o nada ha cambiado.
Es la propia inercia del sistema, de la administración pública, “necesitamos políticos dispuestos a liderar cambios para mejorar el sistema”, recalcó Rodríguez.
Sin cambios, son las asociaciones las que llevan a cabo el trabajo “externalizado” y a “low cost”. Si la administración tuviera que pagar a empresas especializadas “necesitarían triplicar la inversión”, insisten.
En el contexto actual, los servicios los desarrollan mayormente mujeres, y en su mayoría, trabajadoras migrantes que aceptan condiciones precarias por necesidad.
Desde el tercer sector no se comprende cómo no se atiende a sus demandas y no se facilitan las condiciones necesarias para seguir desarrollando la labor “y continuar en la esperanza de que, algún día, la administración se va a ocupar de lo que le compete, de lo que es importante”.
Hasta entonces, seguirán prestando ayuda y servicios a una parte de la población. Aunque tienen listas de espera por la elevada demanda, “no podemos abarcar más”, lamentan, no sin frustración.
Una vez acabe la entrevista, alguna de las participantes cumplirá con su cita en una entidad bancaria. Toca firmar un certificado del Gobierno de Canarias que servirá de aval para obtener como adelanto la financiación necesaria a fin de pagar las nóminas de las personas empleadas. Un aval con intereses, que la organización social no puede justificar, y que, si falla, abocará a la Junta Directiva a responder con su propio patrimonio.
En este contexto, no hay relevo para las directivas de las asociaciones. Nadie quiere coger las riendas, exponen, y, quizás, en algún momento, "debamos plantear que no podemos seguir".