La Asociación de Empresarios Turísticos de Fuerteventura (Asofuer); la Federación Turística de Lanzarote (FTL); la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel), y la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) han expresado hoy su repulsa por la decisión “arbitraria y escandalosa” perpetrada por el Ministerio de Transición Ecológica al decretar la caducidad de la concesión otorgada al hotel Riu Oliva Beach de Corralejo, en la isla de Fuerteventura.
Para los empresarios del turismo, esta decisión se produce en abierta contradicción con el Estatuto de Autonomía de Canarias, que reconoce a la Comunidad Autónoma las competencias de gestión en materia de Costas.
Este hecho vino refrendado además por el traspaso competencial vía decreto en agosto de 2022, de modo que el Ejecutivo central, recuerdan los empresarios, carece de legitimación para intervenir en una concesión administrativa en vigor. La patronal recuerda además que este ejercicio de abuso de poder tiene un impacto negativo directo para el interés general, dada la relevancia del Oliva Beach para la realidad socioeconómica del norte de Fuerteventura en general y de Corralejo en particular.
La obsesión del Ministerio por forzar de un modo arbitrario la caducidad de la concesión supone, para la patronal hotelera, un claro ejemplo de abuso de poder.
Las asociaciones de empresarios del turismo en Canarias recuerdan además que el Ministerio de Transición Ecológica ignora con su decisión el cauce preceptivo para la solución de los conflictos en la interpretación de la transferencia de Costas, como es la Comisión Bilateral Canarias-Estado, pendiente de fecha para su celebración en el marco de las conversaciones mantenidas entre los Gobiernos central y canario sobre este asunto. Este diálogo es tarea del Ministerio de Política Territorial y del propio Ejecutivo
autonómico, en la persona de sus máximos responsables, Ángel Víctor Torres y Fernando Clavijo.
En este sentido, la patronal hotelera de las Islas rechaza el posicionamiento del departamento dirigido por Teresa Ribera, al obviar este proceso de diálogo, en abierto desafío tanto a otro ministerio como a la Comunidad Autónoma de Canarias. Por eso se trata, resaltan los empresarios del turismo, de un ejemplo claro de abuso de poder que además intenta menoscabar las capacidades efectivas y autoridad de la Comisión Bilateral, representada además por dos altos cargos nacidos en las Islas y buenos
conocedores del expediente del Oliva Beach, la relevancia del hotel para la economía de la zona y la zozobra generada entre su personal, formado por más de 400 empleados que no se merecen esta decisión arbitraria.
Las patronales recuerdan la indudable relevancia socioeconómica de dicha instalación hotelera, al tratarse de un complejo cuya media de ocupación supera el 80%, con 400 puestos de trabajo directos y una incidencia muy relevante sobre la actividad económica en el norte de la isla majorera. Por ello, la decisión del Ministerio de Transición Ecológica constituye un mazazo para
centenares de familias de Fuerteventura, que han expresado durante los últimos años su criterio claramente favorable a la continuidad de la actividad con pleno respeto a la normativa y en condiciones de calidad suficientes para garantizar los puestos de trabajo. Esta seguridad para el empleo sería viable a través de un proceso de renovación de las instalaciones del hotel, posible de
acuerdo con el contenido de la concesión administrativa, y que obtuvo autorización del Gobierno autonómico en mayo de 2023.
La reforma contempla una aún mejor integración del inmueble en su contexto físico, en las inmediaciones del Parque Natural de las Dunas de Corralejo. Los empresarios del turismo apoyan plenamente a la cadena Riu en todas las medidas y decisiones que con arreglo a la normativa le amparan, con independencia de las que pueda adoptar la Comunidad Autónoma en defensa del marco competencial fijado por el Estatuto de Autonomía de Canarias desde 2018, que las patronales también respaldan en la certeza de que el autogobierno en mayoría de edad, cercenado por esta decisión del Ministerio de Transición Ecológica, es la mejor respuesta para proteger el interés general de Canarias y la adecuada gestión del litoral, con pleno respeto a la legislación sectorial en la materia y por supuesto a la protección medioambiental, que tanto la patronal turística como la cadena Riu defienden y ejercen, pero siempre de acuerdo con la normativa y la atribución competencial señalada por las normas de más alto rango, caso del Estatuto de 2018.
Por supuesto, los empresarios mantendrán su posición vigilante ante cualquier intento de atropello al interés general por parte del Ministerio de Transición Ecológica, que ha mantenido con este y otros expedientes una actitud hostil y escasamente rigurosa que pone en peligro la seguridad jurídica, la imagen del turismo en Canarias y el porvenir de las empresas y trabajadores del sector.
En el caso del Oliva Beach, cabe recordar que en julio del año pasado fue galardonado con el Premio Turismo de Canarias a la Proyección Internacional por su destacado papel en el desarrollo del turismo en el norte de Fuerteventura, con un impacto social muy positivo en la isla majorera. Este hecho fue aplaudido por empresarios y sindicatos del turismo, que se han mostrado siempre plenamente de acuerdo en la defensa del Oliva Beach, respaldados a su vez por todas las administraciones de Fuerteventura.
