Por favor, comuniquen la actividad clasificada
La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, da cuenta de la primera ley que regulará el uso turístico de las viviendas en el archipiélago y que entrará en vigor en cuanto se publique en el Boletín Oficial de Canarias.
Una norma compleja, esperada y polémica que, pese a las tensiones políticas y la dura oposición de parte del sector, ella defiende como un acto de responsabilidad y defensa del interés general de más de 2.1 millones de canarios, según destaca en una entrevista en el programa La Voz de Fuerteventura, en Radio Insular.
En este tiempo de espera, De León urge, insistentemente, a los propietarios de vivienda vacacional en el archipiélago que “por favor, comuniquen la actividad clasificada a sus ayuntamientos”.
Es preciso, detalló, presentar la comunicación previa de actividad clasificada y modificar la declaración responsable. Quienes no lo hagan antes de que la ley entre en vigor, advierte, “no podrán acogerse a la disposición transitoria primera, que permite seguir explotando la vivienda de por vida o hasta que fallezcan o quieran cesar en la actividad”.
De León subraya que este trámite no nace con la nueva ley, sino que es obligatorio desde el decreto 113/2015 y por sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
De León recuerda que desde la Consejería llevan “dos años avisando de que este trámite era necesario”, recalcó. Por eso, presentaron una enmienda in voce conducente a ampliar, en un año, el plazo de presentación de la licencia una vez aprobada la ley pero no se admitió a trámite.
“El Parlamento decidió, por primera vez, no admitir a trámite enmiendas que hubiesen venido a dar un respiro a propietarios para tener un año para presentar actividades clasificadas y aunque no pudieran quedarse de por vida, al menos sí ejercer la actividad cinco años, pero probable otros cinco”, lamentó.
Sin debate, no hay ampliación de plazo y el tiempo finalizará cuando entre en vigor la ley.
Los apartamentos turísticos, bajo otra ley
De León también reconoció que la tramitación parlamentaria evidencia un clima político difícil y fue especialmente crítica con el PSOE del que nunca “recibí una sola aportación, opinión o feedback”. Además, acusó a la formación de desviar el debate hacia los apartamentos turísticos pese a que “esta ley no ordena apartamentos turísticos”, subrayó, apuntando a que la actividad está regulada en la Ley 2/2012.
A su juicio, el PSOE “centró toda su estrategia política sobre esta ley en Gran Canaria”, en un movimiento condicionado por las elecciones del año 27. De León sí partió una lanza a favor de Nueva Canarias “que fue la única que tuvo el interés de sentarse en nuestro despacho y plantear dudas jurídicas”.
Durante todo el proceso, la consejera ha tenido, además, de frente a la Asociación Canaria de Vivienda Vacacional, ASCAV, muy beligerante ante la determinación de la consejera. De León, contundente, aseveró que “el modus operandi de ASCAV es amenazar con no sé cuántos miles de pérdidas de votos y todos los políticos han sucumbido a esta amenaza”, denunció.
El Parlamento decidió de Canarias, por primera vez, no admitir a trámite enmiendas que hubiesen venido a dar un respiro a propietarios para tener un año para presentar actividades clasificadas y aunque no pudieran quedarse de por vida, al menos sí ejercer la actividad cinco años.
La consejera majorera añadió que esas presiones también las ha recibido su Consejería. “Pensaban que con esa amenaza iban a conseguir una suerte de saltarnos la ley en esta Consejería”. Sin embargo, aseguró, ha primado el interés general. “Creo, sinceramente, que Canarias necesitaba poner orden en esta actividad, creo sinceramente que Canarias necesita límites en el ejercicio de la industria turística en todos los alojamientos, no solamente en la vivienda vacacional, creo sinceramente que hay que inspeccionar la actividad ilegal y eso es lo que hemos hecho desde esta Consejería”, zanjó.
De cara al futuro, la consejera anuncia la apertura de oficinas de atención itinerantes para que los propietarios “puedan continuar con su actividad con el aval, la garantía de que es la Comunidad Autónoma quien te está asesorando”.
Esas oficinas no se abrirán en los días previos a la publicación de la ley, porque, explica, «los ingenieros, los técnicos, los arquitectos y los aparejadores saben perfectamente lo que tienen que hacer».
La consejera asevera que, tras la aprobación de la ley, las administraciones tienen una labor pendiente. “Las administraciones públicas tenemos que hacer el trabajo que no hemos hecho en 10 años”, remarcó, desde planificar hasta depurar el registro, donde hoy hay apartamentos, viviendas y cuartos de aperos, concluyó.
