La justicia ha puesto fin, ocho años después, a uno de los episodios más oscuros en la gestión pública de los animales en Fuerteventura.
El Juzgado ha dictado condena contra tres responsables de la perrera de La Pared, donde entre 2016 y 2017 se produjeron graves negligencias que derivaron en la pérdida de vida de más de doscientos canes.
Los hechos se remontan a los años en que la gestión conjunta del centro correspondía tanto a la Mancomunidad Centro-Sur como al Ayuntamiento de Pájara.
El caso se abrió tras una inspección del SEPRONA de Fuerteventura, realizada el 16 de octubre de 2017, en la que los agentes hallaron “a un Rottweiler fallecido entre excrementos con sangre”. Esa escena se convirtió en el detonante de una investigación judicial que, años después, acreditó la actuación negligente de las responsables de la custodia de los animales: la concejal de Pájara María Ángeles A.P., la gerente de la Mancomunidad Sara P.S. y la veterinaria Yoenia M.G..
Según la resolución, las tres “realizaron sus funciones de forma negligente, permitiendo que se sacrificara sin motivo a un ingente número de perros y se perdiera el control de otros tantos”. En total, se documentó la muerte o desaparición de “unos 207 canes”.
Fosas comunes alrededor de la perrera
La investigación también acreditó que los animales muertos se arrojaban “en fosas comunes abiertas por el Ayuntamiento alrededor de la instalación de la perrera”, sin control sanitario ni supervisión medioambiental.
Durante ese tiempo, las protectoras de animales de Fuerteventura asumieron un papel crucial, según destaca la abogada Maite Bautista de la asociación Abogados Pro-Defensa de los Animales de Canarias (PROTA) que ejerce de acusación popular. “Adoptaban todos los animales que podían, a veces, hasta de 30 en 30, debiendo pagar la tasa por la adopción, así como el coste del chip y de la vacuna”, recalcó.
En muchos casos, los perros eran llevados directamente a clínicas veterinarias externas “para ser hospitalizados y tratados” o para facilitarles “una muerte digna mediante la eutanasia”.
El texto judicial califica las pruebas aportadas por los veterinarios como “irrefutables y estremecedoras” y recoge otros episodios en los que las condenadas no permitieron a las voluntarias de las protectoras sacar a los animales enfermos o lesionados, lo que derivó en un desenlace fatal para ellos.
La acusación popular: PROTA
La abogada Maite Bautista impulsó el procedimiento y formuló la acusación popular solicitando inicialmente el máximo previsto por el Código Penal; es decir, 18 meses de prisión e inhabilitación de cuatro años para la tenencia de animales.
No obstante, esa no fue la condena final. Según informó la letrada, a lo largo del proceso se acreditaron dos circunstancias atenuantes que obligaron a reducir las penas: las dilaciones indebidas, dado que el juicio se ha prolongado casi ocho años, y la reparación del daño, ya que se implementaron mejoras materiales y personales en la perrera.
El documento judicial recoge que el centro “actualmente funciona excelentemente”, permitiendo sacar a los perros enfermos sin impedimentos y dando acceso a las protectoras para visitar y cuidar a los animales durante los fines de semana.
Penas reducidas por dilaciones y reparación
El Ministerio Fiscal solicitó seis meses de prisión y dos años de inhabilitación, mientras que la acusación popular de PROTA pidió nueve meses de prisión y dos años y medio de inhabilitación, penas que fueron aceptadas por las tres acusadas, con la condición de no ingresar en prisión.
Además, fueron condenadas por un delito contra el medio ambiente debido a la apertura de fosas comunes con cadáveres sin control, aceptando la pena de tres meses de prisión y una multa de ocho meses, a razón de seis euros diarios.
“Nunca se obtendrán condenas ejemplares”
Pese a haber conseguido una sentencia condenatoria en un proceso complejo, la abogada de PROTA expresó su decepción por la escasa respuesta penal. “Mientras el Código Penal no conlleve sanciones a nivel de otros países europeos, como cinco años de prisión, nunca se obtendrán condenas ejemplares que impidan que los maltratadores de animales sigan actuando”, concluyó.
