Una aprobación en fase inicial, con 800 elementos recogidos en 6.000 folios
La aprobación inicial del catálogo municipal de bienes patrimoniales de Puerto del Rosario ha generado un fuerte debate en el seno de la corporación de Puerto del Rosario. El documento, que recoge más de 800 elementos con valor cultural, histórico y etnográfico, fue aprobado ayer lunes en un pleno extraordinario que no estuvo exento de tensión política.
En una entrevista este martes, en el programa La Voz de Fuerteventura, en Radio Insular, el alcalde, David de Vera, puso en valor la importancia del catálogo como herramienta clave para el futuro del municipio. “Queremos un desarrollo urbanístico en todas sus vertientes... y también la salvaguarda de la identidad y la historia de Puerto del Rosario, que es a través de este catálogo”, afirmó.
Subrayó, además, que este instrumento llevaba años pendiente de tramitación y que su gobierno ha sido el primero en dar el paso necesario para ajustarse a ley.
En la misma línea, el concejal de Patrimonio, David de León, recordó que el catálogo responde a una obligación legal recogida en la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias y defendió el trabajo realizado por el equipo redactor.
“Estamos en una aprobación inicial, no definitiva. Claro que puede haber errores en un documento de más de 6.000 folios, pero precisamente ahora se abre un periodo para que cualquier ciudadano pueda presentar alegaciones”, explicó, recalcando que "o se está a favor del patrimonio, o se está en contra".
"Aquí no valen medias tintas, aquí no vale ponerse de lado que están a favor del patrimonio. Pero yo creo que este grupo de gobierno ha tomado la responsabilidad de una obligación que tenía, que era sacar un catálogo, que desde el 2019 al 2022 tenía que haber sido aprobado, que no se hizo absolutamente nada en la legislatura pasada".
Creo, prosiguió el edil, "que no estuvieron a la altura de lo que es la responsabilidad de un político, la responsabilidad con un pueblo, con un patrimonio que tenemos que proteger".
También hizo especial hincapié en la creación de una oficina técnica para solventar todas las dudas e interrogantes que planteen los afectados y la publicación del documento en web para facilitar el acceso a la información.
Prisas y recorte de derechos
La oposición, en cambio, no ha escatimado críticas por las formas y el fondo. Clara Peña, portavoz del Partido Popular, lamentó que el documento llegara “incompleto” y alertó sobre los posibles perjuicios para propietarios afectados. En una entrevista que tuvo lugar a primera hora de la mañana, también en el programa La Voz de Fuerteventura, la edil del PP subrayó que el catálogo "recorta derechos consolidados" y afecta a 800 familias. La mayoría de origen humilde "porque quienes tienen dinero ya tiraron hace años los inmuebles", destacó fuera de micrófonos.
Peña afirmó que su grupo apoya la conservación del patrimonio, pero considera que el documento presentado está lleno de deficiencias y carente de respaldo técnico y jurídico. “Lo que nos encontrábamos era con un documento incompleto, no porque lo diga el Partido Popular, sino porque la propia oficina técnica, el jurídico y el arquitecto que emitió su informe decían que era un documento deficiente”, declaró.
Peña denunció la “prisa” con la que se ha tramitado este catálogo, señalando que su redacción ha tardado años y que ahora se intenta aprobar a contrarreloj. “Este viernes terminaba el plazo y las prisas de este pleno extraordinario solo para este tema fue por ese motivo”, afirmó. Para la edil popular, lo que está en juego es demasiado importante ya que "estamos hablando de quitarle derechos consolidados a los propietarios”, advirtió.
Una de las mayores críticas de Peña se centra en la falta de claridad sobre los usos compatibles de los inmuebles incluidos en el catálogo. “No solamente le estás privando de una edificabilidad que la pierden claramente, sino que además estás privándole de unos usos concretos”, dijo. También cuestionó la falta de cartografía adecuada y la ausencia de opciones como el turismo rural.
Por su parte, Peña Armas, de Fuerteventura Avanza, cuestionó, en un comunicado remitido este mismo martes a los medios de comunicación, la seguridad jurídica del expediente "por no contar con los informes técnicos ni jurídicos favorables", y consideró que su aprobación puede hipotecar el desarrollo del municipio.
Armas y Peña, coincidieron en criticar la ficha 312, conocida como La Rosa de D. Victoriano, y la protección del suelo que rodea al aljibe. "El catálogo reclasifica 80.000 metros de suelo urbanizable como suelo rústico de asentamiento rural. Esta reclasificación no puede hacerse a través de un catálogo, lo que evidencia errores de enorme gravedad. Estamos de acuerdo en proteger el aljibe, pero no en sacrificar toda la parcela incumpliendo el Plan General", recalcó Armas.
Para la lideresa de Fuerteventura Avanza "estamos ante una chapuza técnica y jurídica que puede acabar costándole millones de euros al municipio, como ya ocurrió con El Matorral”, dijo.
¿Qué pasa con la cornisa de Puerto del Rosario?
La cornisa de Puerto del Rosario se ha convertido en uno de los puntos más polémicos del debate sobre el nuevo catálogo municipal de bienes patrimoniales. A pesar de que el equipo redactor reconoció que los inmuebles de esta zona tienen valor histórico y etnográfico, finalmente 16 edificaciones han quedado fuera.
La decisión de excluir esos 16 inmuebles del catálogo responde a una sentencia judicial firme que afecta directamente a esa zona, según explicó el alcalde.
En concreto, el fallo obliga al Ayuntamiento a corregir la edificabilidad prevista en el Plan General para esas parcelas. De esta manera, la sentencia impide que el Ayuntamiento apruebe un catálogo de protección que contradiga las condiciones urbanísticas impuestas por el fallo judicial. “No podemos aprobar un instrumento de ordenación sin dar cumplimiento a esa sentencia”, expresó De Vera durante la entrevista. “No es que esos inmuebles no tengan valor patrimonial, es que estamos obligados legalmente a adaptar el planeamiento”, insistió.
La sentencia se refiere a una reclamación por parte de los promotores afectados, que exigían una revisión al alza de la edificabilidad permitida en sus propiedades, ya que el Plan General de 2016 dejó estas construcciones sin nivel de protección. Posteriormente, los promotores presentaron un PAMU (Plan de Actuación y Mejora Urbana) como vía para ejecutar la sentencia.
El documento "durmió el sueño de los justos en la pasada legislatura", criticó el alcalde. Al iniciarse el actual mandato, la corporación retomó el documento para dar respuesta a los propietarios que querían ejecutar pero, finalmente, tras el análisis técnico correspondiente, se determinó que "no cumplía ni con la sentencia ni con las directrices del planeamiento actual".
¿Qué solución ha propuesto el Gobierno local?
Ante la imposibilidad de incluir estos inmuebles en el catálogo sin vulnerar la sentencia, el Ayuntamiento ha optado por una modificación puntual del Plan General, una vía legal que permitirá adaptar la edificabilidad sin renunciar a los principios de protección patrimonial.
Tanto De Vera como el concejal de Patrimonio, David de León, dejaron abierta la posibilidad de que la cornisa sea incluida en el catálogo más adelante, una vez se haya regularizado su situación jurídica. El edil destacó que el catálogo "es un instrumento vivo. En el futuro, esa cornisa puede estar dentro del catálogo de protección porque tiene suficientes motivos patrimoniales para estar”.
El catálogo inicia ahora una fase participativa en la que se podrán incorporar mejoras.
El gobierno municipal defiende su apuesta por la protección del patrimonio como un paso necesario para ordenar el crecimiento y conservar la memoria colectiva. "Hay decisiones que no son fáciles, pero es nuestra responsabilidad tomarlas", concluyó De León.
