La concejala de Asambleas Municipales de Fuerteventura (AMF) en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Mayra Marichal, protagonizó en el último pleno municipal un intenso debate político al cuestionar la tramitación administrativa del Plan “Puerto Inclusivo”, impulsado desde el área de Movilidad que dirige la edil socialista Toñi Fernández, dentro del pacto de gobierno entre Coalición Canaria y PSOE.
Marichal centró su intervención en siete observaciones relacionadas con la ejecución y adjudicación de las actuaciones incluidas en el plan. La edil dejó claro que su crítica no se dirigía a la necesidad de mejorar la accesibilidad en el municipio, sino a la forma en que se están gestionando y publicitando los contratos vinculados al proyecto.
Entre los aspectos señalados, puso el foco en el uso de contratos menores que, según afirmó, no figuran debidamente publicados en el Portal de Transparencia, así como en la ausencia de información detallada sobre el alcance global del plan y su planificación económica.
Debate sobre la Ley de Contratos
El momento de mayor tensión se produjo durante el intercambio en torno a la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público. La concejala de Movilidad defendió la gestión diferenciando entre contratos menores y procedimientos de licitación ordinaria, lo que llevó a Marichal a acusarla de desconocer la normativa estatal.
La edil de AMF recordó que los contratos menores forman parte del mismo marco legal y están sujetos a obligaciones de publicidad y control, subrayando que no pueden quedar al margen de la fiscalización pública. El cruce de argumentos evidenció discrepancias profundas sobre la interpretación y aplicación de la normativa vigente.
En una segunda intervención, Marichal añadió que los contratos menores localizados públicamente estarían vinculados a dos empresas que comparten dirección fiscal, circunstancia que, a su juicio, requiere explicaciones claras por parte del gobierno municipal.
Ante lo que consideró falta de aclaraciones suficientes, la concejala presentó una moción in voce para la creación de una comisión de investigación que analizara de forma completa la tramitación del Plan “Puerto Inclusivo” y los contratos asociados. La propuesta no prosperó al no contar con el respaldo de la mayoría que sostiene el gobierno municipal de CC y PSOE.
Durante el debate, los portavoces de la oposición también cuestionaron la transparencia en la publicación de las actuaciones y el recurso reiterado a contratos menores, mostrando en líneas generales su apoyo a la iniciativa de AMF.
Rechazo a la app para la retirada de enseres
En la misma sesión plenaria, Marichal defendió además una moción para la creación de una aplicación informática municipal destinada a gestionar la retirada de enseres, con el objetivo de modernizar un servicio que actualmente solo puede solicitarse mediante llamada telefónica en horario laboral.
La edil argumentó que la digitalización de la administración local no debe limitarse a iniciativas puntuales, como la aplicación desarrollada para el sistema de votación del Carnaval, sino extenderse a servicios estructurales que afectan directamente al día a día de los vecinos. La propuesta incluía también la instalación de códigos QR en los puntos de recogida para facilitar el acceso directo al sistema.
Marichal comparó la situación con la capital grancanaria, donde el servicio ya funciona de forma digital, defendiendo que, si es viable en una ciudad de mayor tamaño y complejidad administrativa, también debería serlo en Puerto del Rosario.
Aunque los grupos de la oposición respaldaron la utilidad de la iniciativa, el grupo de gobierno rechazó la moción alegando que una experiencia similar no funcionó en el pasado y que la aplicación está prevista como prestación añadida en la próxima licitación del servicio de recogida de residuos.
El debate volvió a evidenciar la división política en torno a la gestión municipal y la aplicación de medidas de modernización y transparencia en el Ayuntamiento capitalino.
