Los casos de violencia sexual a menores en el entorno familiar, la explotación sexual de niñas tuteladas por el Gobierno de Canarias, la conectividad marítima entre Puerto del Rosario y Cádiz y la paralización de los PFAE, son algunos de los asuntos que marcan la agenda de la parlamentaria y de los que ha dado cuenta este jueves en el programa La Voz de Fuerteventura, en Radio Insular.
Santana reconoció que el contacto con madres protectoras y familias afectadas por abusos sexuales a menores en las Islas ha sido uno de los episodios más duros de su trayectoria pública. “De todas las experiencias que yo he tenido en política y en mi vida profesional, esta ha sido con diferencia la más dura”, afirmó con emoción.
La diputada explicó que llegó a esta realidad por el testimonio de una madre majorera cuya hija había sufrido abusos sexuales en el entorno familiar. Conocer los informes, testimonios y documentación le permitieron constatar una realidad “durísima” ´que no acaba en el entorno del hogar.
Santana denunció que, tras la denuncia de los abusos sexuales, muchas familias se enfrentan a una segunda violencia, la institucional. “Sufren violencia sexual por parte de sus familiares, violencia institucional porque se las cuestiona”, afirmó la diputada, que advirtió de que el sistema no siempre protege a las menores ni garantiza los recursos necesarios para reparar el daño.
“Ya no es solo la violencia que sufren en ese momento, es qué pasa después, cuando se les cuestiona, cuando no se les pone los recursos para reparar ese daño”, subrayó.
A su juicio, Canarias debe mirar de frente una problemática que afecta a niños y niñas y que, en demasiadas ocasiones, no encuentra una respuesta adecuada en el sistema judicial, sanitario, social o educativo.
Santana aseguró que no habla de casos aislados. Aunque no pudo precisar la cifra exacta de una estadística reciente, afirmó que entre 2024 y 2025 se contabilizaban “cientos” de casos y que “el 75% venía del entorno familiar”.
“Estamos desprotegiendo a nuestros niños”, advirtió Santana, que defendió la necesidad de avanzar en un marco normativo específico.
“No tenemos absolutamente nada en materia de violencia institucional regulado por ley”, lamentó.
En esta línea, la diputada explicó que ha planteado a la consejera de Bienestar Social la celebración de un monográfico con madres, juezas, policías, doctoras, psicólogas y periodistas para abordar la violencia sexual infantil, la violencia institucional y la violencia vicaria. Un monográfico para trabajar, lejos de los focos y alcanzar consensos que posibiliten que Canarias legisle y se convierta en "un referente de protección infantil antes de que termine la legislatura.
La parlamentaria también puso el foco en los centros de menores tutelados por el Gobierno de Canarias. “Es terrible que sigamos encontrando casos y casos de explotación sexual en menores tuteladas por el Gobierno”, señaló.
Santana recordó episodios como 18 Lobas, Íncubo o la desaparición de menores en Lanzarote y Gran Canaria para subrayar que “no es un caso aislado”. Además, cuestionó la existencia real de mecanismos eficaces de prevención. “Los trabajadores de los centros de menores nos dicen que protocolo para alertar de la explotación sexual en menores no hay a día de hoy”, afirmó.
Santana también destacó el consenso alcanzado en el Parlamento para reforzar la salud mental de los jóvenes, a partir de una iniciativa planteada con profesionales de la psicología de Fuerteventura a través del Gabinete que dirige Omaira Darias y el Colegio Oficial de Psicólogos de Tenerife.
La diputada defendió la necesidad de conectar con la población juvenil a través de herramientas digitales supervisadas por especialistas.
En paralelo, respaldó las demandas de las familias por una educación inclusiva real, con más auxiliares, profesorado de Pedagogía Terapéutica, orientación y recursos para el alumnado NEAE. “No sobran niños, faltan recursos”, resumió, insistiendo en que la falta de medios está condicionando el presente y el futuro de muchos menores. También afirmó que se ha hecho "un mal uso de las aulas enclave" porque en ocasiones se deriva allí al alumnado NEAE por falta de otros recursos cuando algunos de esos niños y niñas podrían estar en su aula de referencia con apoyo educativo.
Una PNL "preciosa pero no efectiva"
En el ámbito parlamentario, Santana también se refirió a la conectividad marítima entre Puerto del Rosario y Cádiz, cuya prórroga finaliza el 30 de junio. La diputada reconoció la iniciativa defendida por Fernando Enseñat, del Partido Popular, para reclamar la continuidad de la línea, pero criticó que no se aceptara la enmienda de Nueva Canarias para exigir al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que incorporara esta reivindicación a su agenda directa con el Estado.
“Los majoreros no somos ciudadanos de segunda”, recalcó Santana, que defendió que la línea marítima con Cádiz debe ser una prioridad política real y no quedar reducida a una declaración parlamentaria. “La PNL es preciosa, pero no efectiva”, resumió, tras lamentar que no se aceptara la propuesta de NC aunque sí se aprobara la Proposición No de Ley.
También anunció que Nueva Canarias seguirá insistiendo en la puesta en marcha de los PFAE, unos programas que, según recordó, han sido una herramienta clave de formación y empleo en Fuerteventura.
Santana recordó que Puerto del Rosario llegó a contar con siete PFAE y que estos proyectos suponían “140 puestos de trabajo durante un año, 140 familias”.
La diputada criticó que no se hayan activado las listas de técnicos, profesorado y equipos directivos, y responsabilizó de ello a la consejera de Turismo y Empleo y al Ejecutivo de Canarias. Es una "dejadez" de Jessica de León y de este Gobierno, subrayó, que no se hayan puesto en marcha esas listas para los técnicos y los profesores y el personal del equipo directivo de los PFAE. “Se está privando a Fuerteventura de unas herramientas que tradicionalmente han funcionado estupendamente”, concluyó.
