50.000 euros menos este año para el vallado de los centros escolares
Muchos gastos innecesarios sin inversiones necesarias para el municipio. Son declaraciones de la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Ana Padilla, denunciando el gasto “desmedido” de 740.000 euros en apenas un mes, para las fiestas de la capital y la celebración del Festival Acontracultura.
Los populares criticaron que el gobierno local “gasta por gastar” sin tener “una hoja de ruta clara” como demuestra, denunciaron, una nueva modificación de crédito, aprobada en la sesión ordinaria de pleno de este lunes porque la corporación se ha visto obligada a devolver 250.000 euros al Gobierno de Canarias por no haber ejecutado los fondos asignados para digitalización de zonas rurales.
Para cubrir esta devolución, explicó la portavoz, Ana Padilla, el gobierno local “ha quitado 50.000 euros del presupuesto destinado al vallado de colegios”. En esta línea, también se pronunció Fernando Enseñat quien apuntó a los 35 millones de euros de remanente que ha gastado la corporación “sin haber guardado algo para imprevistos de este tipo. Ahora tienes que volver una subvención que no gastaste y lo tienes que sacar, eso ya es el remate, de los colegios”.
Falta de luz y un contrato hasta 2039
Desde el PP también se cuestiona el contrato de iluminación que estará vigente, en un principio, hasta 2039.
Un dato que conocieron durante el pleno cuando se debatió su propuesta de un plan integral de iluminación. “Un contrato de 40 años… Son cosas absolutamente anormales las mires por donde las mires”, dijo Clara Peña.
La edil advirtió que pedirán el contrato para poder conocer todos los detalles y qué competencias tiene asignadas la empresa adjudicataria.
El mantenimiento es malo, “no hay más que ver los cables de electricidad en los suelos, cuando las farolas se caen o alguien los quita. Están pelados y, cuando llueve, se pueden mojar. Es peligrosa la situación”, advirtió.
Asimismo, mostró su perplejidad al conocer durante el pleno que la corporación había invertido 9 millones de euros, en el año 2019, en mejorar la iluminación. “Entré ese año como concejala en la oposición y jamás supe que se habían gastado 9 millones de euros ni a qué se destinaron”.
El PP cuestionó el uso reiterado de contratos menores para cubrir necesidades básicas que deberían planificarse a largo plazo. “Se sigue utilizando contratos menores, que son para cosas excepcionales y no previstas… como no tienen planificación, pues recurren a lo fácil”, criticó Padilla.
En cuanto a los servicios en barrios como Rosa Vila, el PP denunció que las demandas de los vecinos no han sido atendidas. “Estamos en un barrio que se recepcionó en su día, con todos sus problemas y con todas sus carencias. Y ahora, como ya es suelo municipal, no se le puede hacer una excusa más. Eso es negligencia”, afirmó Peña.
Asimismo, reclamaron que el Ayuntamiento destine suelo municipal para la construcción de viviendas sociales, argumentando que la nueva ley del Gobierno de Canarias permite un cambio de uso para fines sociales.
La Central de Unelco no es de El Charco, es de Fuerteventura
El grupo del Partido Popular también abordó la situación de la Central de Unelco en el barrio de El Charco, una instalación que, según ellos, lleva años afectando a la calidad de vida de los vecinos. “Es el momento de sentarnos todas las administraciones: Gobierno de Canarias, Cabildo Insular y Ayuntamiento de Puerto del Rosario, y trabajar para trasladar la central, después de más de 20 años de espera”, sostuvo Enseñat, vecino de este barrio capitalino, subrayando que los problemas de contaminación y ruido han sido persistentes y necesitan una solución definitiva.
La propuesta de la zona de Zurita para ubicar las instalaciones no es válida aunque esté contemplada en el Plan General de Ordenación de Puerto del Rosario, argumentó, porque debe contar con un informe favorable a nivel insular. Y ese informe que debe emitir el Cabildo de Fuerteventura no se ha elaborado, explicó.
Los líderes del PP de Puerto del Rosario finalizaron la entrevista reclamando una planificación adecuada y un uso responsable de los fondos públicos, priorizando las necesidades reales de los vecinos.