En materia de vivienda, la presidenta del Cabildo destacó la movilización de más de 53 millones de euros en coordinación con ayuntamientos, Gobierno de Canarias y Estado, destinados tanto a la construcción de nuevas viviendas de protección oficial como a la rehabilitación de viviendas en distintos municipios. García subrayó que estas actuaciones incluyen también la mejora de infraestructuras básicas —saneamiento, depuración y accesibilidad— necesarias para desbloquear planes parciales y facilitar la construcción de vivienda pública y privada en Fuerteventura.
En el ámbito sociosanitario, 2026 también será clave. La presidenta confirmó que el edificio de salud mental está prácticamente finalizado. “El edificio está terminado, faltan informes técnicos y certificar la recepción de la obra”, detalló, añadiendo que el objetivo es que el centro, cuya gestión ya se ha adjudicado a San Juan de Dios, pueda abrir antes del verano. A ello se suma la residencia de Gran Tarajal y su centro de día, cuyas obras avanzan, así como nuevos proyectos de infraestructuras sociosanitarias en municipios como Pájara, La Oliva, Antigua y Betancuria.
El transporte público es otro de los grandes ejes de trabajo. García explicó que la licitación del nuevo servicio ya ha superado el trámite insular y se encuentra ahora en evaluación estatal. “Ya tenemos toda la documentación; está en el Ministerio y depende de los requerimientos que nos hagan”, indicó, para poder llevar a licitación el servicio cuanto antes, evitando dar plazos.
García recordó, también, que el Cabildo trabaja ya en el cuarto ciclo de planificación hidrológica, así como en los planes de ordenación territorial y energética. En este punto, hizo especial hincapié en que la corporación continúa avanzando en el Plan Territorial Especial Energético, actualmente en su tercera fase, a la espera de que se completen los trabajos técnicos previstos para poder concretar las zonas de implantación de energías renovables.
García subrayó que no se tomarán decisiones definitivas “hasta que no tengamos los criterios y la planificación”, insistiendo en la necesidad de reducir la ocupación de suelo y priorizar cubiertas, zonas antropizadas y comunidades energéticas.
En este punto, destacó que en Lanzarote el propio presidente del Cabildo y el consejero de Ordenación del Territorio han manifestado públicamente su rechazo a las Zonas de Aceleración de Renovables tras no alcanzarse acuerdos que inicialmente se habían firmado.
En cuanto al PIOF, recordó que su tramitación depende previamente de la aprobación de los planes de ordenación de los recursos, y que el objetivo es alcanzar -al menos- la aprobación inicial "antes de que finalice la legislatura"; siempre condicionada al consenso con el resto de fuerzas políticas, ayuntamientos y colectivos implicados.
2025: "uno de los mejores años del Cabildo en cuanto a ejecución presupuestaria"
De forma paralela, la presidenta defendió la gestión económica del Cabildo, destacando los niveles de ejecución presupuestaria. “Tenemos casi el 98% del presupuesto inicial ejecutado y en el capítulo de inversiones estamos en torno al 70%”, afirmó, señalando que 2025 ha sido uno de los mejores ejercicios en este ámbito. Un dato que, según dijo, desmonta las críticas sobre una supuesta parálisis institucional.
En el plano político, la presidenta volvió a respaldar el denominado decreto Canarias, impulsado por el Ejecutivo autonómico, y reclamó mayor capacidad de decisión para las Islas. “Necesitamos más autogobierno para decidir sobre vivienda, transporte, costas o aeropuertos”, señaló, denunciando que muchas inversiones dependen de convenios estatales que llevan años sin actualizarse.
Como presidenta de la FECAI, cargo que asumió recientemente, García aseguró que seguirá defendiendo una posición común de los cabildos ante el Estado. “Si se dan recursos y competencias a otras comunidades, Canarias también tiene derechos”, afirmó, citando como ejemplo la financiación de la gratuidad del transporte, que actualmente asumen en gran parte las corporaciones insulares. En Fuerteventura, la corporación insular destinó, en 2025, más de 7 millones de euros a la gratuidad, frente a los casi 2 millones aportados por el Estado, al final del ejercicio.
Para concluir la entrevista, Lola García destacó que el trabajo institucional comienza ahora a visibilizarse. “Hay mucho que hacer, pero se va viendo cómo la isla va avanzando”, sostuvo, confiando en que 2026 sea el año en el que la ciudadanía perciba de forma clara el impacto de las decisiones adoptadas desde el inicio de la legislatura.
