Según ha detallado la Guardia Civil en un comunicado, los hechos se remontan al pasado mes de septiembre, cuando agentes del Destacamento Marítimo de Fuerteventura realizaban una patrulla de vigilancia costera en este espacio protegido.
Durante el operativo, los agentes observaron luces en una zona de montaña situada entre la playa del Junquillo y la Punta de Barlovento, en el área de Aguacabras (Pájara). La Guardia Civil ha explicado que, debido a la época del año -cuando los pollos de pardela alcanzan mayor peso-, sospecharon que se podía estar llevando a cabo una actividad de caza furtiva.
Ante esta situación, procedieron a identificar a dos personas que se aproximaban a un vehículo portando un saco de rafia y una vara de madera con gancho, herramienta que, según han indicado, se utiliza habitualmente para extraer a las pardelas de sus nidos. En el interior del saco localizaron siete ejemplares muertos que, posteriormente, fueron identificados como pardela cenicienta (Calonectris borealis).
La Guardia Civil ha subrayado que esta especie está sujeta a un régimen de protección especial y figura como vulnerable tanto en el Catálogo Español de Especies Amenazadas como en el Libro Rojo de las aves de España. Asimismo, se encuentra incluida en el Convenio de Berna como especie estrictamente protegida.
Tras la intervención, los agentes establecieron la cadena de custodia de los ejemplares, que fueron trasladados al destacamento en Corralejo y entregados a personal de medio ambiente del Cabildo de Fuerteventura. Posteriormente, el Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria (IUSA) confirmó la especie y determinó que las aves habían fallecido por asfixia y traumatismo craneal.
A raíz de estos hechos, la Guardia Civil instruyó diligencias al considerar que los hechos podrían constituir un delito contra la flora y la fauna, tipificado en el artículo 334 del Código Penal.
El juicio se celebró a finales de febrero en Puerto del Rosario. Como resultado, se impuso a cada uno de los responsables una sanción económica superior a 3.200 euros, además de la inhabilitación para el ejercicio de la caza durante tres años.
En la nota, la Guardia Civil recuerda que la pardela cenicienta es un ave marina que vive en mar abierto y solo acude a tierra durante el periodo reproductor, formando colonias en acantilados, islotes e islas. Sus nidos se sitúan en cuevas o galerías, lo que la hace especialmente vulnerable a prácticas como la extracción de pollos.
Asimismo, incide en que la caza de pardelas en Canarias está prohibida desde 1981, cuando entró en vigor la normativa estatal que estableció la protección de diversas especies de fauna silvestre. Desde entonces, distintas disposiciones han reforzado su conservación, prohibiendo su captura, tenencia o comercio.
El cuerpo también advierte de que este tipo de conductas puede conllevar penas de prisión de entre seis meses y dos años, o multas económicas, además de inhabilitaciones para cazar o pescar. A ello se pueden sumar sanciones adicionales por daños al medio natural.
Finalmente, la Guardia Civil ha insistido en la importancia de proteger esta especie, que forma parte del patrimonio natural del archipiélago y desempeña un papel relevante en los ecosistemas marinos de Canarias, subrayando que su conservación responde tanto a una obligación legal como a la necesidad de preservar la biodiversidad.
