El Partido Popular de Fuerteventura ha planteado que el Cabildo insular declare la emergencia habitacional en la isla y asuma un papel activo en la construcción de vivienda pública para dar respuesta a la creciente dificultad de acceso a un hogar por parte de residentes majoreros.
La iniciativa forma parte del denominado “Plan Vive Fuerteventura”, presentado por responsables insulares del PP, quienes consideran que la situación del mercado inmobiliario exige medidas extraordinarias y una implicación directa de la institución insular.
Según la formación política, el incremento sostenido de los precios del alquiler y la escasa oferta disponible han generado una presión creciente sobre familias, jóvenes y trabajadores que no logran acceder a una vivienda en condiciones asumibles. En este contexto, defienden que la declaración de emergencia habitacional permitiría agilizar trámites administrativos y acortar plazos en la ejecución de proyectos residenciales.
Entre las propuestas incluidas en el plan, el PP plantea que el Cabildo utilice suelo de titularidad pública para promover vivienda protegida, especialmente en zonas donde exista disponibilidad urbanística. Asimismo, propone destinar fondos procedentes del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) al impulso de promociones públicas y estudiar fórmulas de colaboración público-privada que mantengan el control sobre los precios finales.
La iniciativa también contempla la firma de convenios con colegios profesionales para acelerar la emisión de informes técnicos y reducir tiempos en la tramitación de licencias, con el objetivo de dinamizar la construcción de nuevas viviendas.
El portavoz popular en el Cabildo ha anunciado que su grupo llevará esta propuesta a pleno, con el propósito de abrir un debate institucional sobre el papel que debe desempeñar la Corporación insular en materia de vivienda.
Desde el PP sostienen que la vivienda se ha convertido en uno de los principales retos estructurales de Fuerteventura y que requiere una respuesta coordinada, ágil y con recursos suficientes para garantizar el derecho a una vivienda digna a la población residente.
