El exalcalde de La Oliva abandonaba este miércoles el Centro de Inserción Social Ángel Guerra, en Lanzarote, después de que Instituciones Penitenciarias le haya concedido el tercer grado.
González Arroyo ingresó voluntariamente en el centro el pasado 22 de junio para cumplir una condena de un año y seis meses de prisión por un delito contra la Hacienda Pública.
Según ha podido saber La Voz de Fuerteventura, González Arroyo vuelve a Fuerteventura y lo hace después de permanecer cerca de un mes en el Centro de Inserción Social Ángel Guerra, anexo al centro penitenciario de Tahíche.
Su defensa, ejercida por el abogado Rafael de León, solicitó el tercer grado tras producirse el ingreso y con el objetivo de que pudiera continuar cumpliendo la condena en la Isla.
El histórico dirigente político, de 86 años, fue alcalde de La Oliva durante 26 años, consejero del Cabildo de Fuerteventura, diputado en el Parlamento de Canarias y senador.
Su entrada en el centro de Lanzarote se produjo después de que el Juzgado de lo Penal número 2 de Puerto del Rosario rechazara las distintas vías planteadas por su defensa para suspender la ejecución de la pena.
La condena tiene su origen en un procedimiento por fraude fiscal relacionado con la mercantil Conlaofu, de la que los tribunales consideraron que González Arroyo ejercía como administrador de hecho, aunque no figurara formalmente como responsable.
El caso se centró en las declaraciones del Impuesto sobre Sociedades correspondientes a los ejercicios 2009 y 2010. La sentencia consideró acreditada la presentación de bases imponibles contrarias a la normativa tributaria y el uso improcedente de la Reserva para Inversiones en Canarias, RIC, para reducir las cantidades que la sociedad debía abonar a Hacienda.
Tras la revisión del caso, la Audiencia Provincial eliminó la relevancia penal del fraude correspondiente al ejercicio 2009, al quedar la cuota por debajo del límite establecido para que tuviera consideración de delito. Sin embargo, mantuvo la condena por el ejercicio 2010, con una cuota defraudada de 619.767 euros.
La resolución definitiva impuso a González Arroyo una pena de un año y seis meses de prisión, una multa de 1.239.534 euros y la privación durante tres años del derecho a obtener subvenciones, ayudas públicas o beneficios fiscales o de la Seguridad Social.
Durante la fase de ejecución de la sentencia, la responsabilidad civil quedó fijada en 933.471 euros mediante una resolución firme de julio de 2024.
El juzgado rechazó suspender la condena
Antes de su ingreso, la defensa solicitó la suspensión ordinaria de la pena.
Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, se opusieron a la suspensión al señalar que el condenado no había consignado cantidad alguna. Cuando el juzgado requirió la presentación de un plan de pagos, su representación procesal solicitó que González Arroyo fuera declarado insolvente y que se reconociera su imposibilidad para abonar la multa.
El juzgado concluyó que no había mostrado voluntad de reparar el perjuicio ocasionado a la Hacienda Pública.
La resolución también rechazó la suspensión por motivos de salud al considerar que no se había acreditado una enfermedad grave que pusiera en peligro su vida o que impidiera el cumplimiento de la pena.
Tras denegarse estas solicitudes, González Arroyo ingresó en el Centro de Inserción Social.
Su abogado solicitó posteriormente la clasificación en tercer grado, una petición que ahora ha sido atendida y que permitirá al exalcalde continuar el cumplimiento de la condena en su domicilio, en La Oliva.
