Autoridad Portuaria para Fuerteventura y Lanzarote, número 11 del ranking estatal
El secretario general de Asamblea Majorera-Coalición Canaria y diputado autonómico, Mario Cabrera, defendió la creación de una Autoridad Portuaria propia para Lanzarote y Fuerteventura, sustentada en el volumen de mercancías y pasajeros que mueven los puertos de Arrecife y Puerto del Rosario. “Hoy hay números en toneladas de movimiento de mercancía, de pasajeros, que avalan su validez económica, su supervivencia económica”, afirmó durante una entrevista en el programa La Voz de Fuerteventura, en Radio Insular, junto a la diputada Natalia Évora.
Cabrera aseguró que existen conversaciones con Lanzarote para avanzar en esta reivindicación. “En esa línea van las conversaciones que tenemos también con Lanzarote. Esta es una necesidad y tiene que ser un logro para Fuerteventura y Lanzarote”, manifestó.
Según los datos aportados, para respaldar la iniciativa, se indica que Arrecife movió 103.130 toneladas y Puerto del Rosario 83.342 durante enero de 2026.
El volumen conjunto, 186.472 toneladas, situaría a una hipotética Autoridad Portuaria de ambas islas en el puesto número 11 del sistema estatal, según el estudio citado por Cabrera. Hasta febrero, los dos puertos acumulaban conjuntamente 594.455 toneladas.
“Son puertos que hoy tienen superávit para poder sobrevivir, para poder crecer y para tomar las decisiones”, sostuvo.
La propuesta contempla que Lanzarote y Fuerteventura dispongan de su propio Consejo de administración y de capacidad para planificar las inversiones sin depender de las decisiones adoptadas en Gran Canaria.
Cabrera denunció que Puerto del Rosario ha avanzado durante décadas “a remolque, a migajas” y contrapuso sus carencias con las actuaciones realizadas en el Puerto de La Luz. “No se puede hablar de que vamos a hacer un jardín precioso en el Puerto de La Luz, con un parque infantil maravilloso y un acuario maravilloso, y ponernos en Fuerteventura una carpa para recibir a los cruceristas”, reprochó.
La conexión con Cádiz, el PIF y Tarfaya
Más allá de la creación de una autoridad propia, el diputado dirigió la responsabilidad al Ministerio de Transportes por la pérdida de la conexión directa entre Cádiz y Puerto del Rosario. Subrayó que es el Estado el que decide las Obligaciones de Servicio Público y reclamó que la escala majorera figure como una exigencia en la próxima licitación, no como una mejora voluntaria de las navieras.
“Quien da y quien quita las OSP es el Ministerio”, recalcó.
Según expuso, el desvío de las mercancías por Lanzarote o Gran Canaria ha encarecido algunos trayectos en un 78%, un incremento que terminará repercutiendo en la cesta de la compra.
Por otro lado,Cabrera aseguró que la recuperación de la ruta con Tarfaya no está descartada.
Explicó que el Gobierno de Canarias y el Cabildo han mantenido contactos con Baleària para analizar el posible interés de la compañía.
La apertura de esa línea requiere completar el Punto de Inspección Fronteriza de Puerto del Rosario. Continua sin materializarse a pesar de que, como recordó Cabrera, se ha anunciado una inversión de dos millones de euros.
En esta línea, quiso dejar claro que ninguna compañía transportará mercancías o pasajeros desde Marruecos “hasta que no tengamos las máximas garantías”.
En este punto, sin embargo, también cuestionó que, durante años, se invocaran riesgos sanitarios para frenar la conexión con Tarfaya mientras ahora se impulsa una ruta entre Agadir y Gran Canaria. “¿Es que los patógenos no entran de Agadir a Las Palmas, solo vienen a Fuerteventura?”, planteó.
“Un gran trozo de Fuerteventura que nos han robado”
En relación con el campo de tiro de Pájara, Cabrera defendió recuperar las aproximadamente 4.700 hectáreas ocupadas por Defensa y devolverlas a sus propietarios. Recordó que los terrenos no fueron adquiridos mediante una compraventa, sino expropiados hace cerca de medio siglo.
“Tenemos todavía un gran trozo de Fuerteventura que nos han robado”, afirmó. Según recordó, es un espacio utilizado por familias de la isla por sus recursos agrícolas, ganaderos y pesqueros antes de que el Estado impusiera su uso militar.
La iniciativa aprobada en el Parlamento de Canarias establece un horizonte de cinco años para comenzar a descontaminar el terreno, retirar los restos de las maniobras y encontrar una fórmula para su devolución.
Cabrera aseguró que en la zona existe “mucha chatarra bélica” y que se desconocen los efectos de la actividad militar sobre sus valores ambientales, arqueológicos y etnográficos.
El diputado rechazó el argumento planteado por la directora insular de la Administración General del Estado, María Jesús de la Cruz, sobre la protección que actualmente proporciona al suelo su pertenencia a Defensa y el riesgo de que pueda quedar expuesto a otros intereses cuando desaparezca el campo de tiro.
Cabrera negó que se pretenda urbanizar el espacio y recordó que los terrenos están incluidos en la propuesta del Parque Nacional de Zonas Áridas.
En otra línea, la declaración como Parque Nacional no impediría de manera absoluta una eventual extracción de tierras raras, reconoció, debido a los cambios introducidos en la normativa europea sobre materias primas estratégicas.
Sin embargo, dificultaría considerablemente cualquier proyecto extractivo y convertiría el espacio en una de las últimas zonas susceptibles de ser explotadas. “Por eso nuestra prisa y por eso estamos queriendo acelerar”, señaló Cabrera, quien pidió resolver las dudas planteadas por el Gobierno de Canarias y el Ministerio para que el expediente pueda continuar.
Más ambulancias y apoyo a los técnicos del servicio
Cabrera y Natalia Évora valoraron finalmente el anuncio de dos nuevas ambulancias de soporte vital avanzado para Gran Tarajal y Corralejo y una de soporte vital básico para la zona centro El Castillo-Antigua.
Con su incorporación, Fuerteventura duplicaría las unidades avanzadas, hasta disponer de cuatro, y pasaría de siete a ocho ambulancias básicas.
La formación respaldó también las reclamaciones de los técnicos sanitarios sobre salarios, materiales, dotación de personal y cobertura de turnos. Cabrera exigió un “control exhaustivo” sobre la empresa adjudicataria para comprobar el cumplimiento del contrato.
Ante el conflicto laboral, los profesionales han planteado que el Servicio Canario de la Salud asuma directamente el transporte sanitario a lo que Cabrera respondió: “yo soy un defensor de lo público”. Mostró su apoyo a las mejoras laborales y a que se analice la internalización del servicio.
No obstante, en este punto, reconoció que revertir el actual modelo externalizado presenta dificultades jurídicas y económicas. La incorporación de toda la plantilla al Servicio Canario de la Salud supondría un importante crecimiento del capítulo de personal, condicionado por las reglas presupuestarias y los límites de gasto.
“No es fácil revertir esa situación. Hace falta que los servicios jurídicos del propio Gobierno de Canarias y la parte económica lo permitan”, concluyó.
