La presidenta del Partido Popular de Fuerteventura, Jessica de León, ha remitido una carta a la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, proponiendo la creación de un frente común de todas las administraciones, fuerzas políticas, agentes económicos y sociales de la isla para reclamar al Gobierno de España la declaración de la línea marítima Puerto del Rosario-Cádiz como Obligación de Servicio Público (OSP) y su licitación por razones de interés general.
La iniciativa llega después de que se confirmara la desaparición de la conexión directa con Cádiz, una decisión que el Partido Popular considera “un grave retroceso para la conectividad, la economía y la igualdad de oportunidades de Fuerteventura”.
El Partido Popular recuerda que fue la primera organización política en alertar públicamente de la desaparición de esta línea marítima, advirtiendo de las consecuencias que tendría para la isla si el Estado no actuaba para garantizar su continuidad mediante una Obligación de Servicio Público.
“Estamos ante un asunto que está por encima de cualquier diferencia política. La defensa de las comunicaciones de Fuerteventura debe unirnos a todos. No podemos resignarnos a perder una conexión estratégica para nuestra isla”, señala Jessica de León en la carta remitida a la presidenta del Cabildo. “El Gobierno de Sánchez se olvida de Canarias y lo pagamos los ciudadanos. No sirve de nada que un canario esté en el Consejo de Ministros si únicamente usa su silla para hacer oposición a Canarias”, sentencia la presidenta insular.
Desde que el PP denunció esta situación, los populares han llevado esta reivindicación a todas las instituciones. Entre otras acciones, elevaron al Cabildo de Fuerteventura una moción exigiendo la declaración de la OSP, moción que se convirtió en institucional gracias al apoyo unánime de la Corporación.
En el Parlamento de Canarias, el diputado por Fuerteventura Fernando Enseñat reclamó al Gobierno autonómico que lidere las gestiones necesarias ante el Estado para garantizar la continuidad de la conexión marítima con la Península. Durante el Pleno de la Cámara, Enseñat advirtió de que la desaparición de la línea supondría “un nuevo castigo para Fuerteventura” y defendió que la conexión con Cádiz debería mantenerse mediante la Obligación de Servicio Público por su evidente interés general.
Paralelamente, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados registró una batería de preguntas dirigidas al ministro de Transportes para conocer las actuaciones previstas por el Gobierno de España tras la desaparición de la línea, entre ellas si tiene previsto declarar la conexión Puerto del Rosario-Cádiz como Obligación de Servicio Público o qué medidas piensa adoptar para garantizar el derecho de los majoreros a una conectividad marítima estable con la Península.
Frente a todas las acciones desarrolladas por el Partido Popular para restaurar la OSP, los populares critican el inmovilismo del PSOE, cuya senadora por Fuerteventura, Paloma Hernández, “se limitó a mandar un comunicado donde aseguraba el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez por mantener la continuidad de la línea. Ya vemos el alcance de ese compromiso con nuestra isla y la validez de la palabra dada por quien supuestamente nos representa en el Senado”, denunció Enseñat.
Un impacto directo sobre la economía majorera
Para el Partido Popular, la desaparición de esta conexión trasciende el ámbito del transporte de pasajeros y supone una amenaza para la competitividad económica de Fuerteventura.
Con una población superior a los 126.000 habitantes, más de 2,5 millones de visitantes al año y una economía altamente dependiente del transporte marítimo para el abastecimiento de mercancías, materiales de construcción, vehículos, productos agroalimentarios y bienes de consumo, la pérdida de la escala en Puerto del Rosario incrementará los costes logísticos de empresas y familias, “subiendo el precio de la cesta de la compra o los insumos a los ganaderos y agricultores”.
Además, obligará a realizar transbordos a través de otras islas, agravando la doble insularidad que históricamente ha condicionado el desarrollo de Fuerteventura y generando mayores tiempos de tránsito, más costes de distribución y una menor competitividad para el tejido empresarial majorero.
“La insularidad ya supone una desventaja objetiva. Si además obligamos a los majoreros a depender de otra isla para conectar con la Península, estaremos convirtiendo esa desventaja en una discriminación territorial inaceptable”, afirmó Jessica de León.
Una respuesta unitaria de toda la isla
En la carta remitida al Cabildo, la presidenta insular del PP propone convocar una reunión institucional en la que participen todas las administraciones públicas, la Cámara de Comercio, las organizaciones empresariales, los sindicatos, las organizaciones políticas con representación en el Cabildo, los diputados regionales y los alcaldes majoreros para consensuar una posición única que sea trasladada al Ministerio de Transportes.
“Esta reivindicación no pertenece a ningún partido político; pertenece a Fuerteventura. La defensa de nuestra conectividad, de nuestra economía y de la igualdad de oportunidades de los majoreros merece una respuesta unitaria y firme frente al Estado”, concluyó la presidenta del Partido Popular de Fuerteventura.
