22 años de lucha para salvar el pueblo de Corralejo
"Si no les hubiéramos hecho frente, se hubiera perdido el pueblo de Corralejo". Así se manifiesta Miguel Socorro, el abogado que junto a Goyo Benítez, ha liderado durante 22 años la defensa legal de las viviendas del Casco Viejo de Corralejo. Lo dice sin dramatismo ni artificios constatando que ambos han dedicado un tercio de sus vidas a lo es una causa justa y que ha permitido salvar la memoria y la dignidad de todo un pueblo.
Recientemente daban cuenta de la última sentencia favorable a los viejitos, legítimos dueños de sus viviendas. Es la número 126, "y al igual que el resto, reconoce que los legítimos propietarios de esas viviendas son los vecinos del pueblo, los que han vivido toda la vida en esas casas", explicaba en una entrevista en el programa La Voz de Fuerteventura, en Radio Insular.
Un pelotazo urbanístico millonario
Esta batalla legal comenzó en 2003, cuando se tuvo constancia de una trama urbanística orquestada para hacerse con el casco antiguo de Corralejo. El epicentro de la operación, como recogen decenas de sentencias, recalca, es el empresario José Manuel Jiménez del Valle, a quien Socorro se refirió en reiteradas ocasiones como el Gran Tiburón de Tierra.
Inició el entramado, en 2001, al comprar un resto de finca sin localización exacta y, amparado en esa adquisición, pretendió apropiarse del Casco Viejo de Corralejo. Con el apoyo de empresas fantasma y aprovechando el silencio administrativo del Ayuntamiento de La Oliva, solicitó 65 segregaciones para dividir y registrar las viviendas históricas del pueblo como solares. Miguel Socorro lo tiene claro, “el objetivo era derribar las casas y construir nuevas edificaciones para obtener un pelotazo urbanístico millonario”.
“No estamos hablando de una ni dos, ¡65 segregaciones! Y sabían perfectamente que eran casas del casco viejo de Corralejo. No contestaron en tiempo, y eso lo aprovechó la trama”, apunta el abogado con indignación y lamentando que el Ayuntamiento de La Oliva los ha dejado solos, criticó. “Si el Ayuntamiento lo hubiera querido, lo hubiera parado a tiempo”, recalcó destacando, además que las propiedades afectadas por la trama no solo son privadas, sino también públicas.
A pesar de las victorias, en el ámbito de lo civil, y de esa “paliza” en los tribunales, lo cierto es que tanto para Miguel como para Goyo, quedará siempre en la memoria la angustia de los viejitos, porque muchos ya no están y murieron sin saber que habían ganado y que nadie podría echarlos de sus casas.
A por el castigo penal, es de justicia
Por eso, confían en que la mala fe no quede impune. Los vecinos de Corralejo han presentado un recurso ante el Tribunal Supremo solicitando que se reabra el caso penal “por error en la valoración de las pruebas”. Pruebas contundentes, recalca Socorro, opinando que el alto tribunal no se ha estudiado en profundidad la documentación aportada.
También han promovido una pieza separada que afecta al expresidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Hernández Pérez, acusado de vender propiedades ya sentenciadas como ajenas a sociedades controladas por él mismo. “Valoraron cada casa en 980 euros después de pagar 1.100.000. Eso es inaceptable”, denuncia Socorro, quien espera que esta vía penal sí derive en responsabilidades claras. “Aquí no hay salida. Vendió con sentencia en contra. Esto es muy grave”, subrayó.
El aliento de los verseadores para seguir en la lucha
22 años de lucha donde las víctimas de la trama corrupta han contado con firmes aliados, los verseadores; esos “malabaristas de la palabra”, apuntaba Socorro, aludiendo a quienes han sostenido, durante dos décadas, también a Miguel y a Goyo. “Esto ha calmado al pueblo. Les cantan a los viejitos, se sienten protegidos, recordados. Ha sido un acierto”, afirmó no exento de emoción.
Hoy, después de 22 años, Miguel Socorro y Goyo Benítez siguen al frente de esta lucha.
“Me preguntan si no me canso. Y no, porque estamos luchando por una causa justa…. Y porque si no, este pueblo se hubiera perdido”, sentencia.
