Los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura han hecho público un manifiesto conjunto en el que expresan su rechazo al modelo de Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR) impulsado por la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, defendiendo una transición energética que sea compatible con la protección del territorio y del paisaje insular.
El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, y la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, han trasladado su posicionamiento ante el debate generado tras la publicación de los mapas de delimitación de estas zonas, que han despertado preocupación en amplios sectores de la ciudadanía de ambas islas.
Según señalan las dos instituciones insulares, la filosofía que inspira las ZAR, basada en acelerar los procedimientos administrativos para la implantación de grandes instalaciones energéticas, podría favorecer el desarrollo de proyectos en suelo rústico, con posibles afecciones al paisaje, al territorio y al modelo de desarrollo de ambas islas.
Defensa del paisaje y del modelo territorial
En el manifiesto, los cabildos recuerdan que Lanzarote y Fuerteventura son Reservas de la Biosfera, territorios donde la protección del paisaje y del patrimonio natural ha sido un elemento central del modelo de desarrollo insular durante décadas.
Por este motivo, consideran que la transición energética no puede realizarse a costa de la degradación del territorio, y que cualquier política energética debe adaptarse a la singularidad territorial, ambiental y paisajística de ambas islas.
Priorizar renovables en cubiertas y edificaciones
Las instituciones insulares también recuerdan que el marco normativo autonómico vigente ya establece la prioridad de instalar energías renovables en cubiertas y edificaciones existentes, antes de ocupar suelo para nuevas instalaciones.
En este sentido, citan la Ley de Regulación del Sector Eléctrico Canario y la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias, que promueven el desarrollo de sistemas fotovoltaicos en edificaciones nuevas o ya existentes como eje central del modelo energético.
Por ello, consideran necesario realizar estudios rigurosos sobre el potencial real de implantación de renovables en cubiertas e infraestructuras existentes, antes de plantear la ocupación de nuevos espacios en suelo rústico.
Preocupación por la eliminación de la evaluación ambiental
Otro de los aspectos que ha generado preocupación entre ambos cabildos es la decisión del Gobierno de Canarias, aprobada mediante decreto en enero de 2026, de eliminar la evaluación ambiental para determinados proyectos de energías renovables ubicados en Zonas de Aceleración de Renovables.
Desde Lanzarote y Fuerteventura consideran que esta medida supone un retroceso en las garantías de protección ambiental, especialmente en territorios insulares con elevada sensibilidad paisajística.
Por este motivo, solicitan al Parlamento de Canarias que restituya la obligatoriedad de la evaluación ambiental para todos los proyectos de energías renovables que se desarrollen en estas zonas.
Reivindicación del papel de los cabildos
Ambas instituciones insulares también reclaman recuperar su capacidad de decisión en la planificación energética del territorio, defendiendo que sean los cabildos quienes tengan la última palabra en la autorización territorial de los proyectos de energías renovables que se implanten en cada isla.
En este sentido, recuerdan que las instituciones insulares son las que conocen de forma directa la realidad territorial, social y ambiental de cada territorio, por lo que consideran imprescindible su papel en la planificación energética.
“Sí a las renovables, pero no a costa del territorio”
En su posicionamiento conjunto, los cabildos reiteran su compromiso con la transición energética y el desarrollo de energías renovables, pero insisten en que este proceso debe desarrollarse desde el respeto al territorio, a la planificación insular y a la voluntad de la ciudadanía.
Por ello, Lanzarote y Fuerteventura solicitan al Gobierno de Canarias abrir un proceso de diálogo institucional y planificación conjunta para diseñar un modelo energético adaptado a la realidad territorial de ambas islas.
El mensaje que trasladan ambas instituciones es claro: sí a las energías renovables, pero no a costa del territorio ni del paisaje insular, considerado uno de los principales patrimonios de Lanzarote y Fuerteventura.
