La presidenta de Por un alquiler justo en Fuerteventura, Vanesa Iglesias, el portavoz de SOS Fuerteventura, Luis del Pozo, y Alberto González, empresario y arrendatario analizan la situación de la vivienda en Fuerteventura en el programa La Voz…de la Ciudadanía, en Radio Insular.
La Isla está “a punto del colapso” por falta de vivienda y muchos vecinos se están convirtiendo en nómadas en su propio territorio. El precio y la disponibilidad de los inmuebles marcan el lugar de residencia y obligan, en no pocas ocasiones, a un traslado de municipio que también afecta a los niños y niñas. La situación implica cambio de colegio y también de amigos.
Una realidad que narra en primera persona la presidenta de la entidad en proceso de constitución `Por un alquiler justo en Fuerteventura´, Vanesa Iglesias, y que visibiliza el impacto que sufren numerosas sin vivienda en propiedad.
Las autocaravanas vuelven a invadir el paisaje de la isla ocupadas no por surfistas en busca de olas, sino por profesionales, con salario, que no encuentran alternativa habitacional o no están dispuestos a abonar los excesivos precios que se piden por un alquiler. El pago de 1.200 euros mensuales por una vivienda de dos habitaciones es algo ya habitual que poco margen deja para vivir.
En este contexto, exigieron medidas urgentes y la implicación de la clase política.
Los participantes criticaron con dureza la nula gestión que las corporaciones, a todos los niveles, han hecho hasta ahora en materia de vivienda y que han traído a la situación actual, recalcaron.
Especialmente han sido críticos con los ayuntamientos “que no han hecho nada en décadas” y que no han echado mano de las herramientas de que disponen para dar solución a la ciudadanía.
Entre ellas, incluso la posibilidad de expropiar terrenos urbanos con proyecto para construir y sin ejecución.
Además, pusieron el foco en el Instituto Canario de la Vivienda que “tiene vivienda pública okupada y mira a otro lado”. En esta línea denunciaron que las corporaciones locales tampoco actúan frente a urbanizaciones de okupas como Rosa Vila, en Puerto del Rosario, o Atalayita Dorada, en Corralejo.
Complejos sin saneamiento, donde los residentes están realizando vertidos de fecales que se están filtrando en el suelo, subrayaron, “lo que implica un peligro para la salud pública” y motivaría, insistió Luis del Pozo, una actuación urgente.
El portavoz de SOS Fuerteventura, fue también muy crítico con el nuevo decreto Ley aprobado por el Ejecutivo de Canarias esta misma semana. “Un decreto oportunista y un disparate porque no va a resolver nada”, dijo, e instó a poner el foco en las más de 200.000 viviendas vacías que existen en el archipiélago y que podrían acabar, “ya mismo” con el problema, aseveró. La construcción de vivienda, social o privada, es una solución a largo plazo.
En este punto, Alberto González abogó por implementar medidas que ayuden a dotar de seguridad jurídica a los arrendatarios y a incentivar el alquiler a largo plazo.
Además, propusieron introducir otra serie de medidas como el incremento en el IBI a la vivienda destinada a alquiler vacacional.
En este sentido se abogó por la necesidad de introducir mejoras en la nueva Ley que regulará el alquiler vacacional, destacando la necesidad de que los trabajadores del sector desarrollen su labor en el marco de los convenios de hostelería que rigen la actividad en las dos provincias, como anunció la consejera Jessica de León.
También mostraron su malestar por la falta de acción en el ámbito municipal tras los contratos firmados para crear un Instituto Municipal de la Vivienda en Puerto del Rosario y un Consorcio insular de Vivienda, a nivel insular, de los que "nada se sabe", concluyeron.