La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias ha alertado de que la nueva orden del Ministerio de Industria y Turismo en relación con el registro único de alquileres puede dejar fuera del mercado a miles de propietarios de viviendas vacacionales.
La consejera Jéssica de León ha solicitado al ministro Jordi Hereu y a la secretaria de Estado Rosario Sánchez la derogación del registro único de arrendamientos al considerar que se trata de una herramienta “ineficaz”, que invade competencias autonómicas, crea un doble registro y genera inseguridad jurídica.
Solo 27.700 registros completados
Según los datos trasladados en la Conferencia Sectorial de Turismo celebrada en Madrid, de los 415.000 números de registro de propietarios que actualmente comercializan en plataformas, solo 27.700 han conseguido completar el trámite exigido por la nueva orden ministerial.
El plazo para presentar la notificación de los arrendamientos realizados en 2025 finaliza el próximo 2 de marzo. En caso de no hacerlo, los propietarios serán dados de baja automáticamente y, si desean volver a operar, deberán asumir nuevamente los costes del alta.
Desde la Consejería advierten de que se está generando una situación “preocupante”, ya que los propietarios disponen de menos de un mes para completar la tramitación, mientras persisten dificultades técnicas que impiden a Canarias conectarse plenamente a la ventanilla única digital estatal.
Conflicto competencial y recurso ante el Supremo
De León recordó que el Ejecutivo autonómico ha recurrido ante el Tribunal Supremo el Real Decreto que regula el registro único de alquileres. A su juicio, la norma crea un doble registro: mientras que una vivienda puede ser legal en el Registro General Turístico de Canarias, podría no ser reconocida por el Ministerio, generando una situación de indefensión para el propietario.
La consejera insistió en que el Reglamento Europeo es de aplicación directa y que no era necesario un decreto adicional del Gobierno central. Además, señaló que la Comisión Europea se ha mostrado crítica con el desarrollo estatal de esta normativa.
Impacto en las islas verdes y fondos europeos
El Ejecutivo canario advierte de que esta situación afectaría especialmente a las islas verdes, donde muchos propietarios podrían quedar fuera de las plataformas de comercialización si no completan el trámite a tiempo.
Durante la Conferencia Sectorial, la consejera también expresó su preocupación por la gestión de los fondos europeos Next Generation, señalando que la flexibilización propuesta llega tarde y que existe riesgo de pérdida de recursos por falta de coordinación estatal.
Finalmente, De León volvió a reclamar que se cumpla el Régimen Económico y Fiscal de Canarias en materia de infraestructuras turísticas, recordando que los Presupuestos Generales del Estado deben contemplar una partida específica que, según indicó, fue eliminada en 2023.
La Consejería mantiene su posición de solicitar la derogación del registro único de alquileres y reclama una solución consensuada que aporte seguridad jurídica al sector.
