miércoles. 22.07.2026
Alcalde de Tuineje

David Herrera confía en llegar a final de año “con los deberes hechos” y no descarta medidas si persiste el bloqueo

El alcalde de Tuineje presenta la moción aprobada por el Pleno como una hoja de ruta para desbloquear la gestión municipal, pagar la deuda con los proveedores en un plazo máximo de tres meses y llegar a final de año “con los deberes hechos”. Herrera rechaza que el texto señale al conjunto de los trabajadores, aunque admite que va dirigido “en su mayoría” a Intervención, y advierte de que el grupo de gobierno llegará “hasta donde sea necesario” si las directrices no se cumplen y la situación continúa estancada.

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David Herrera, alcalde de Tuineje

Tres meses de plazo para pagar, a partir de la firma del decreto

 

"A partir de este punto, la situación va a cambiar en Tuineje". Son palabras del alcalde de Tuineje para destacar la relevancia de la moción de Coalición Canaria aprobada ayer martes por el Pleno de Tuineje y que marca, insiste David Herrera, el inicio de una nueva etapa para un Ayuntamiento que arrastra cerca de cinco millones de euros en facturas pendientes y un bloqueo administrativo que ha "paralizado" prácticamente la gestión municipal durante esta legislatura.

El regidor sostiene que la aprobación del texto marca el comienzo de una hoja de ruta que permitirá normalizar la situación del Consistorio, con el reconocimiento extrajudicial de crédito y la modificación presupuestaria que posibilita incorporar parte de los remanentes -que superan los 20 millones de euros-para hacer frentea la deuda con los proveedores. 

En una entrevista concedida este miércoles a La Voz de Fuerteventura en Radio Insular aseveró que la previsión del grupo de gobierno es que el decreto que active el procedimiento quede firmado en los próximos días.

A partir de ese momento comenzará a contabilizarse el plazo máximo de tres meses fijado en la moción para culminar el pago de la deuda con los proveedores. "Establecíamos un plazo de tres meses para concluir con los pagos porque entendemos que, si no ponemos un tiempo, esto se puede demorar y dilatar", explicó.

El alcalde confía en que la situación se normalice antes de que concluya el año y terminar 2026  "con los deberes hechos". 

El foco: en Intervención .... o hay cambio, o se irá "hasta donde sea necesario"

 

Uno de los aspectos que mayor controversia ha generado de la moción son los apartados que recuerdan a la plantilla municipal sus obligaciones de colaboración, diligencia e impulso de oficio en la tramitación de los expedientes relativos al pago de la deuda. El texto también contempla comunicar a la Dirección General de Función Pública aquellas actuaciones que pudieran constituir una "obstrucción injustificada" en la tramitación de los expedientes.

La oposición interpretó estos puntos como un señalamiento a los trabajadores municipales, a los que llegó a considerar el "chivo expiatorio" de la situación económica del Ayuntamiento, exigiendo la retirada del texto a Coalición Canaria.

Sin embargo, Herrera rechazó esa interpretación y defendió públicamente el trabajo que realiza el personal municipal.

"Tenemos un ayuntamiento con escaso personal y donde tenemos a muchos de ellos haciendo funciones que sobresalen de sus puestos reales", afirmó, insistiendo en que el objetivo de la moción no era poner a los empleados públicos "en el punto de mira", sino corregir los problemas detectados en la tramitación administrativa.

Problemas que situó en el ámbito de Intervención. En este sentido reconoció que no se quiso centrar las críticas en un único departamento aunque, "muchos de los informes, cuando llegan a Intervención, desde los mismos departamentos se nos dice que no se pueden continuar o que se los devuelven sin llegar a dar fórmulas".

Al ser preguntado expresamente si la iniciativa iba dirigida principalmente al departamento de Intervención, reconoció: "en su mayoría podríamos decir que sí".

Herrera justificó esa afirmación asegurando que buena parte de los expedientes encuentran dificultades para continuar su tramitación cuando llegan a ese servicio. Y ese es, precisamente, precisamente, el cambio que persigue la moción: evitar que los expedientes queden bloqueados en Intervención y dotar al Ayuntamiento de mecanismos que permitan continuar su tramitación cuando existan reparos, siempre dentro de la legalidad.

El alcalde confía en que sea así a partir de la entrada en vigor del decreto. De lo contrario, advirtió, el grupo de gobierno no descarta adoptar nuevas medidas. "Llegaremos hasta donde sea necesario. No voy a poner límites a esto, siempre que sea por el bien del municipio".

La abstención del PSOE y el choque con la oposición

 

En el plano político, Herrera también analizó el resultado de la votación que salió adelante con los votos de Coalición Canaria y la abstención del Partido Socialista.

El alcalde aseguró que sus socios conocían los pasos que pretendía seguir Coalición Canaria porque ya se habían abordado en varias reuniones del grupo de gobierno y porque se les había trasladado el criterio de los expertos consultados para afrontar la situación administrativa del Ayuntamiento. No obstante, admitió, "a lo mejor sí es verdad que fue error nuestro no llevarla, una vez realizada, al socio de gobierno".

Herrera sí tuvo duras palabras con la oposición, contra el  Partido Popular, Asambleas Municipales de Fuerteventura y Nueva Canarias por registrar una propuesta alternativa después de solicitar la retirada de la moción impulsada por Coalición Canaria. Una moción que presentaron el lunes, un día antes de la sesión plenaria. 

La iniciativa de la oposición no llegó a debatirse al no prosperar la declaración de urgencia necesaria para incorporarla al orden del día del Pleno. El alcalde defendió que esa propuesta fue presentada fuera de plazo y sostuvo que reproducía buena parte del contenido de la moción del grupo de gobierno. "Estaban diciendo que nuestra moción era una locura y presentaron otra prácticamente igual", resumió durante la entrevista, insistiendo en que el documento registrado por la oposición era, en gran medida, un "copia y pega" de la iniciativa defendida por Coalición Canaria.

 

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