El alcalde del Ayuntamiento de Tuineje, David Herrera, ha solicitado a la Delegación del Gobierno que proceda al traslado de la embarcación interceptada en aguas canarias el pasado viernes, que fue atracada en el muelle de Gran Tarajal.
Herrera denuncia que esta actuación se llevó a cabo sin tener en cuenta a la Corporación local ni al Ejecutivo canario, ya que los organismos estatales aún no han remitido ninguna comunicación oficial ni al Consistorio ni a Puertos Canarios.
Dicho pesquero contaba con una denuncia por sustracción en Marruecos, motivo por el cual la Guardia Civil se encontraba realizando un seguimiento del buque.
Finalmente, fue interceptado en aguas Canarias, en una operación en colaboración conjunta entre la Guardia Civil y Salvamento Marítimo, a través de la Salvamar Mizar, que culminó con el desembarco de las personas a bordo y el atraque del barco en Gran Tarajal.
Ante la ausencia de información oficial por parte de los organismos estatales, el Ayuntamiento de Tuineje ha tenido que recabar los detalles de la operación a través de la colaboración de Puertos Canarios, la Guardia Civil y el personal de Salvamento Marítimo.
En este sentido, David Herrera ha lamentado la falta de coordinación y de comunicación del Estado. “No han emitido ninguna comunicación oficial sobre la operación ni a Puertos Canarios ni al Ayuntamiento. Simplemente dejaron la embarcación atracada en el puerto, sin tripulación a bordo”, denunció el alcalde.
En este sentido, Herrera advirtió que el pesquero no debía permanecer en el muelle comercial, ya que se trata de una instalación expuesta a temporales de componente sur, “que en el pasado ya provocaron graves consecuencias, como ocurrió con las gabarras en 2018”.
En este contexto, aseguró que, desde el Ayuntamiento se encuentran trabajando en colaboración con el director de Puertos Canarios de Fuerteventura, Juan Luis López, para recabar toda la información oficial sobre la actuación y trasladar al Estado que el puerto de Gran Tarajal no dispone de un atraque que garantice la seguridad de una embarcación de estas características, “abandonada, sin tripulación y con la posible presencia de materiales contaminantes como combustible, baterías u otros residuos”, agregó Herrera.
Para evitar perjuicios, han demandado el remolque de la embarcación al muelle de Puerto del Rosario, cuya gestión corresponde al Estado, “ya que fueron los organismos estatales quienes asumieron toda la operativa de la interceptación y, por tanto, también deben hacerse cargo de su custodia”.
