El origen del conflicto, según explica uno de los trabajadores a La Voz de Fuerteventura, está en que Demena Ancor nació en 2019 como recurso de emergencia, con unas condiciones especialmente favorables para la asociación Mundo Nuevo, en un momento de llegada masiva de migrantes.
Transcurridos 7 años el recurso debía haberse transformado en un centro estable, insiste. "Es totalmente inaudito que se nos considere emergencia habiendo estado abierto cerca de siete años”, lamenta.
Ahora, con las nuevas condiciones que establece la Consejería y teniendo que actualizar nóminas, "no salimos rentables", subraya molesto. En este punto, los trabajadores rechazan que el incremento salarial derivado del cuarto convenio colectivo pueda presentarse como causa suficiente del cierre. “Nosotros, en siete años, hemos tenido dos subidas salariales. Tuvimos una en el 2022 y esta en el 2026. Hemos estado cuatro años con el sueldo congelado”, recuerda.
Hasta el próximo 16 de julio, la plantilla negocia las condiciones de la reubicación o el despido sin descartar posibilidades de ir al juzgado si no hay acuerdo.
"Hay un vínculo, conocemos sus historias"
Mientras tanto, los 16 menores ya han sido trasladados al centro de Quorum ubicado también en Fuerteventura. Según explica el trabajador, todos pidieron permanecer en la Isla por el arraigo construido durante estos años. “Todos dijeron que quieren quedarse”, recalca recordando que muchos estudian en centros educativos majoreros, participan en clubes deportivos y algunos incluso han iniciado su incorporación al mercado laboral.
Son momentos de tensión y emociones más allá del conflicto laboral, reconoce. Hay un vínculo construido durante estos siete años entre los jóvenes y los trabajadores. “Esto no es un cliente, un inglés que viene una semana a un hotel y se va. Esto es un chico que nosotros lo hemos visto desde que llegamos. Conocemos sus historias”, recalca con rotundidad..
Además, la plantilla cuestiona el destino elegido para esos jóvenes. Surgen dudas. Por un lado, la decisión contradice el modelo anunciado por la Consejería de Bienestar Social, que había defendido recursos de pequeño tamaño. “La señora Candelaria, de Bienestar Social, dijo que su idea era crear centros de 20 menores. Y ahora mismo lo que está creando es un macrocentro en Quorum”, advierte.
A esa preocupación se suma el hecho de que en Canarias varios centros gestionados por la misma entidad han sido clausurados por el Juzgado de Violencia contra la Infancia y Adolescencia de Las Palmas por malos tratos a los menores que podrían constituir delitos de lesiones, odio, omisión del deber de impedir delitos, contra la integridad moral y amenazas.
En Fuerteventura, según la información publicada por Diario de Fuerteventura el pasado 13 de noviembre, la Policía Nacional registró el centro y procedió a la detención del subdirector y de un educador en el marco de una investigación que está declarada secreta.
“¿Qué pasa si lo que hoy es presunto, mañana no lo es?”, plantea el trabajador, que insiste en que no cuestiona la presunción de inocencia, pero sí reclama garantías para menores especialmente vulnerables.
A la incertidumbre laboral se suma, además, la presión social que denuncian quienes trabajan con menores migrantes. Un clima de señalamiento y odio, sobre todo en redes sociales, que aboca a los empleados a denunciar la situación ocultando su identidad.
