El alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, rechaza que el Ayuntamiento esté bloqueando el empadronamiento de personas en situación de vulnerabilidad y defiende que lo que se ha hecho es endurecer la verificación de los requisitos para ajustarse a la ley. “No se está parando el padrón, no se está parando la residencia, lo que pasa es que sí se está siendo mucho más cuidadoso a la hora de la aportación documental”, sostuvo en una entrevista en el programa La Voz de Fuerteventura, en Radio Insular.
De Vera respondió así a las manifestaciones recogidas en un reportaje del periodista Eloy Vera para Diario de Fuerteventura, donde se alertaba de las dificultades para empadronarse y del impacto que eso puede tener en el acceso a derechos básicos como la sanidad o la educación. Frente a esas críticas, el regidor aseguró que “todas aquellas personas que cumplen con la ley se están dando altas en el padrón” incluso “aunque sea en infravivienda”.
Según explicó, el cambio está en que antes bastaba en algunos casos con una declaración responsable o con recibos de servicios, mientras que ahora el Ayuntamiento exige comprobar la residencia efectiva.
El regidor hizo hincapié en que, según la propia ley, hay que verificar mediante dos visitas si realmente se reside en esa vivienda o infravivienda. “Anteriormente se era muy laxo y ahora se está llevando de forma rigurosa ese cumplimiento de la ley”, afirmó, insistiendo en que la intención municipal “en ningún momento” es “dejar vulnerabilidad o vulnerables a ningún menor”.
Una veintena de personas, en la calle
Los servicios sociales municipales tienen identificadas a más de una veintena de personas en situación de calle en Puerto del Rosario. Muchos de esos casos, indicó David de Vera, están empadronados en infravivienda, cuentan con seguimiento semanal y tienen asignada una trabajadora social.
Entre los apoyos que cita el Ayuntamiento figuran manutención, ayuda al alquiler, medicamentos, alimentos y cobertura para situaciones excepcionales a través de un convenio con Cruz Roja, “somos el único Ayuntamiento que dispone de ese convenio con Cruz Roja para este tipo de situaciones”, subrayó.
De Vera dibujó además dos perfiles principales entre las personas sin hogar. Por un lado, migrantes no comunitarios “en tránsito” y, por otro, personas sin apoyo familiar, muchas de ellas con patologías de salud mental.
Sobre este último punto, advirtió de que ahí está “lo más grave”, porque la administración local puede acompañar y apoyar económicamente, pero no sustituir tratamientos más intensivos.
El alcalde, también dio cuenta de los pasos que da la corporación en el objetivo de prevenir la vulnerabilidad. Entre ellas, destacó las actividades de prevención recién adjudicadas, con tres lotes centrados en drogodependencias, salud mental, diagnóstico social y sensibilización, así como el servicio de apoyo psicosocial a infancia y familia, que atiende a “más de 35 familias”.
Empleo Social y ayudas al alquiler, antes de verano
De Vera defendió el plan de empleo social 2025-2026, con 61 trabajadores en dos remesas, y la formación directa impulsada desde Desarrollo Local. El objetivo, dijo, es evitar errores del pasado y no tener que devolver fondos.
El regidor apuntó a los cambios en el desarrollo de los PFAE por parte del Servicio Canario de Empleo, SCE, del Gobierno de Canarias, que dejaba “cierta incertidumbre en la parte de los coordinadores, la parte de la responsabilidad, motivando que muchos ayuntamientos se vieron en la obligación de, una vez haber aceptado esos planes de empleo y siendo incapaces de poderlo ejecutar, de devolver ese dinero”.
Frente a la incertidumbre, apuntó, “nosotros nos fuimos a lo seguro que son los planes de Empleo Social” y las iniciativas de formación, desde Desarrollo Local, para mejorar la empleabilidad de los participantes.
El primer edil también recordó que el Ayuntamiento “lleva pagados más de 390.000 euros” por la cesión ilegal de trabajadores en la anterior legislatura al asumir funciones estructurales dentro de la corporación.
En materia de vivienda, anunció además que la convocatoria de ayudas al alquiler debe activarse “antes de verano”, con la previsión de resolverla en septiembre.
El gobierno local ha optado por derogar la ordenanza anterior para ganar flexibilidad y permitir una mejor compatibilidad con otras ayudas, concluyó.
