El Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha desestimado los recursos presentados por las compañías energéticas Naturgy y DISA contra las liquidaciones del canon por aprovechamiento en suelo rústico, confirmando la obligación de ambas empresas de abonar más de 2,7 millones de euros por el uso de terrenos destinados a instalaciones energéticas.
Las resoluciones municipales rechazan las alegaciones planteadas por ambas compañías, que solicitaban la nulidad de las liquidaciones y la devolución de las cantidades reclamadas. Los importes confirmados ascienden a 1.103.872,65 euros en el caso de Naturgy y 1.683.025,59 euros en el de DISA.
Según el Ayuntamiento, las resoluciones están respaldadas por informes técnicos y jurídicos que avalan la legalidad del procedimiento y la aplicación del canon contemplado en la Ley del Suelo de Canarias.
El alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, defendió que este mecanismo garantiza que las actividades económicas lucrativas desarrolladas en suelo rústico contribuyan al interés general y a la mejora de los servicios públicos del municipio.
Por su parte, el concejal de Economía y Hacienda, Juan Manuel Verdugo, explicó que la normativa autonómica establece que las autorizaciones especiales otorgadas para este tipo de proyectos energéticos actúan como título habilitante equivalente a una licencia municipal, lo que activa el devengo del canon correspondiente.
Entre los argumentos desestimados por el Consistorio figuraba la alegación de las empresas de que sus proyectos, autorizados mediante procedimientos excepcionales por interés general o emergencia energética, debían quedar exentos del pago del canon.
Sin embargo, el Ayuntamiento sostiene que estos procedimientos especiales agilizan la tramitación administrativa, pero no eliminan las obligaciones económicas previstas en la normativa urbanística y fiscal.
Las resoluciones municipales concluyen además que los proyectos promovidos por ambas compañías corresponden a iniciativas privadas con ánimo de lucro y no pueden equipararse a obras promovidas directamente por administraciones públicas, únicas contempladas en la ley como posibles beneficiarias de exenciones.
El Ayuntamiento subraya que con estas resoluciones refuerza su compromiso con una gestión “rigurosa, transparente y garante de la legalidad”, asegurando que los aprovechamientos del territorio reviertan de forma justa en la sostenibilidad y el bienestar de la ciudadanía.
