Asamblea Majorera–Coalición Canaria en Puerto del Rosario ha denunciado lo que considera una “imposición energética inaceptable” por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y del Gobierno de Canarias en relación con la reubicación de infraestructuras vinculadas a la central térmica de El Charco.
La formación nacionalista sostiene que se está ignorando el criterio unánime de las instituciones majoreras, que apuestan por el desmantelamiento de la actual central y su traslado a la zona de Zurita, en Los Llanos Pelados, donde —afirman— existe suelo adecuado, planificación urbanística y consenso institucional.
Desde AM-CC acusan al consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, y a la senadora por Fuerteventura de no haber defendido los intereses del municipio, permitiendo que se planteen alternativas que trasladan el problema a otros barrios, especialmente a la zona alta de Fabelo.
“Se está cambiando un problema de ubicación, no resolviéndolo”, señalan desde la organización, que advierte de la posibilidad de implantar nuevas infraestructuras energéticas en áreas como La Herradura, lo que, a su juicio, responde a criterios económicos y no al interés general.
En este sentido, critican que el procedimiento estatal y las decisiones adoptadas bajo el paraguas de la emergencia energética puedan favorecer ubicaciones más económicas para las empresas, sin respetar el planeamiento municipal ni los acuerdos alcanzados entre administraciones.
La formación también cuestiona el papel del Ministerio para la Transición Ecológica, al que acusa de actuar “de espaldas a Fuerteventura”, así como la falta de posicionamiento de la representación insular en el Senado.
Además, advierten de que la aplicación de mecanismos excepcionales no puede servir para modificar el modelo territorial del municipio ni para dispersar infraestructuras energéticas sin planificación, alertando de posibles afecciones a la calidad de vida de la ciudadanía.
Por todo ello, Asamblea Majorera–Coalición Canaria exige la paralización de cualquier decisión que implique nuevas ubicaciones fuera de Zurita, así como una rectificación inmediata por parte de las administraciones implicadas, reclamando el respeto al modelo territorial definido para Puerto del Rosario.
