El Pleno del Cabildo de Fuerteventura ha aprobado, por unanimidad, una moción mostrando su apoyo a la declaración de emergencia energética de Canarias, "siempre y cuando se acepten una serie de condicionantes que garanticen el suministro energético de manera compatible con la sostenibilidad, la preservación del territorio y la calidad de vida de las personas".
Según ha expresado la presidenta del Cabildo, Lola García, “estamos de acuerdo con todas las medidas que permitan resolver la emergencia energética y garantizar el suministro. Sin embargo, no queremos que esta declaración de emergencia sirva a las grandes multinacionales para que se implanten sin control y sin tener en cuenta el paisaje, el territorio y las singularidades de Fuerteventura".
“Tampoco que se haga a través de procedimientos extraordinarios que invadan las competencias del Cabildo y les permita saltarse el planeamiento en Fuerteventura”, añadió.
En esta línea, la consejera del área, Nereida Calero, explicó que "nos preocupan las consecuencias de la declaración porque nadie nos hace aclaraciones sobre la parte jurídica de la declaración".
El vicepresidente, Blas Acosta, destacó que “los recursos y valores naturales de Fuerteventura deben utilizarse para el interés común de la población de la Isla, y no para el beneficio de grandes inversores que quieren utilizar nuestro territorio”.
Asimismo, el Cabildo de Fuerteventura manifiesta que no se aceptará ninguna prórroga de permanencia y explotación de la Central Térmica de El Charco, e insta al Gobierno de Canarias y al Estado a tomar las medidas necesarias, junto con UNELCO ENDESA y las administraciones implicadas, para agilizar y ejecutar, de una vez por todas, su traslado.
Con esta moción, el Cabildo insta al Gobierno de Canarias a elaborar de manera urgente planes de ahorro y eficiencia energética y se compromete a poner en marcha de planes de instalación sistemas de energía solar fotovoltaica en sus dependencias e insta al resto de administraciones (regionales y locales) a hacerlo en sus techos institucionales, sanitarios, educativos, deportivos, culturales, puertos y aeropuertos.
Entre otras medidas, se propone, además, la creación de una mesa de diálogo que involucre al Gobierno de Canarias, los ayuntamientos, el sector empresarial y la sociedad organizada con el objetivo de abordar colectivamente el modelo de transición energética en la isla.
