La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha avalado la decisión del Gobierno de Canarias de rechazar la tramitación de un proyecto de extracción de áridos en el municipio de La Oliva, en Fuerteventura.
El tribunal ha desestimado el recurso presentado por la empresa Arenera Góngora Gutiérrez, que pretendía iniciar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental para un proyecto denominado “Modificado y Mejora de la explotación de arenas calcáreas”, correspondiente a la cantera situada en el Barranco de Los Encantados.
La sentencia confirma la resolución adoptada en 2022 por la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático y Transición Ecológica, que decidió no admitir el inicio de la evaluación ambiental al considerar que el proyecto ya había sido analizado anteriormente y había recibido una declaración de impacto ambiental desfavorable en 2019.
Un proyecto considerado “sustancialmente igual”
Según recoge la resolución judicial, aunque la empresa presentó una modificación del proyecto, el tribunal concluye que se trata de una iniciativa “sustantivamente análoga” a la anterior.
La principal diferencia era la reducción de la superficie afectada, que pasaba de 801.700 metros cuadrados a 118.889, pero el proyecto mantenía aspectos clave como la ubicación, el método de extracción a cielo abierto, la producción estimada de 40.000 metros cúbicos anuales y una fase operativa prevista de unos 30 años.
Por este motivo, el TSJC considera que no se introducen cambios ambientales relevantes respecto al proyecto ya rechazado, lo que justifica la inadmisión del nuevo procedimiento.
Zona protegida y hábitat de la hubara
La zona donde se planteaba la explotación se encuentra en suelo rústico con alto valor natural, dentro de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Lajares, Esquinzo y Costa del Jarubio, integrada en la Red Natura 2000.
Además, el área forma parte de la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura y está identificada como hábitat de la hubara, una especie emblemática de la isla cuya población se ha visto afectada, entre otros factores, por la extracción de arenas.
El tribunal también destaca que el proyecto no contaba con informes favorables del Cabildo de Fuerteventura ni del Consejo de la Reserva de la Biosfera, ni con estudios específicos sobre su impacto en esta especie protegida.
Posible recurso ante el Supremo
Con esta decisión, el TSJC confirma la legalidad de la resolución administrativa que frenó la iniciativa extractiva. La empresa promotora aún podría interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo si acredita interés casacional.
La sentencia supone, por el momento, un nuevo respaldo judicial a la protección ambiental del área donde se planteaba la explotación minera.
