Clavijo sobre las Tierras Raras en Fuerteventura: “Lo que no queremos es que ninguna otra empresa pueda adquirir una licencia y que se pueda activar”

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha confirmado que su Ejecutivo está negociando con la empresa titular de las licencias para la prospección de tierras raras en Fuerteventura con el objetivo de evitar que ninguna otra entidad pueda activarlas en el futuro.

“En el proceso de negociación, con el compromiso de la empresa de que no va a ejercer efectivamente su derecho, lo que estamos es adquiriéndolas por parte del ITC, el Instituto Tecnológico de Canarias. Si nosotros anulamos el proceso, te lo puede pedir cualquier otra. Y claro, lo que no queremos es que ninguna otra empresa con la que no podamos tener la capacidad de influencia que tenemos en estos momentos pueda adquirir una licencia y que se pueda activar”, afirmó Clavijo.

El presidente explicó que el procedimiento sigue las indicaciones de los servicios jurídicos del Ejecutivo autonómico para que las autorizaciones pasen a ser propiedad pública. “Luego el procedimiento es el que hemos ido viniendo, el que los abogados y los servicios jurídicos de la comunidad autónoma que nos han marcado, que es un proceso en el que esa autorización pase a ser propiedad del Gobierno de Canarias”.

Clavijo defendió esta vía como la única posible mientras no se reforme la legislación estatal y no se apruebe el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura. “¿Por qué lo tenemos que hacer así? Porque hasta que no se modifique la ley de minería, que lo tiene que hacer el Gobierno de España o el Congreso de los Diputados, y que es lo que queremos, y hasta que no se tenga también el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, es la única forma que tenemos de blindar para que se haga lo que el pueblo de Fuerteventura quiere, y es que no se dé ninguna autorización ni se haga ninguna prospección en materia de tierras raras”.

El presidente también señaló que las autorizaciones fueron concedidas por un gobierno anterior y que el actual está intentando “arreglar un problema”. “Estas autorizaciones que en su momento se dieron y se dieron con anterioridad a este Gobierno, lo que este Gobierno está haciendo es arreglar un problema que generó el Gobierno anterior”.

Sobre los plazos, Clavijo estimó que el proceso no debería prolongarse más allá de unos meses, pero insistió en que debe hacerse bien. “Yo no creo que vaya a durar más de dos o tres meses, pero sí hay que hacerla adecuadamente, porque tenemos que tener la voluntariedad de la propia empresa y eso tiene que quedar cristalizado en un acuerdo en el que la autorización pasa a ser, insisto, del Instituto Tecnológico de Canarias, que es una empresa pública del Gobierno de Canarias”.

Por último, el presidente subrayó que la seguridad jurídica es clave para evitar que el proceso pueda ser impugnado: “Si queremos hacerlo bien y no queremos tener un problema en el futuro de que se haga mal, se anule y aparezca alguna empresa con una autorización, pues lo estamos haciendo en coordinación con los servicios jurídicos de la comunidad autónoma”.