Tras conocerse la denuncia interpuesta por ODESOCAN en Fiscalía y el contencioso administrativo presentado por AFFA contra la Consejería de Acción Social del Cabildo de Fuerteventura por presunta prevaricación administrativa, el Cabildo de Fuerteventura ha remitido un comunicado en el que se recuerda que al objeto de iniciar la prestación del servicio, la corporación insular inició la tramitación mediante concertación social de 120 plazas por un importe de 1.722.000 euros.
A dicho procedimiento concurrieron dos entidades, una de ellas resultó ser excluida por defecto insubsanable en la presentación de la documentación administrativa, siguiendo el procedimiento con la otra entidad participante, la cual se encuentra inscrita en el Registro de Entidades Colaboradoras de la Administración para la Prestación de Servicios Sociales de Canarias, "lo que la habilita para prestar el servicio según la normativa vigente". Algo, que por el contrario, las entidades denunciantes de la situación ODESOCAN, AFFA y ACUFADE niegan, subrayando que para prestar el servicio es necesario ser una entidad acreditada y no solo colaboradora.
El Cabildo de Fuerteventura destaca que este servicio tendrá un seguimiento específico por parte del equipo técnico de la Consejería de Acción Social, como en todos y cada uno de los contratos emitidos por la administración pública.
El Cabildo lamenta las informaciones vertidas al respecto de un servicio tan fundamental para el bienestar y la atención en domicilio de las personas más vulnerables, y pide "que no se confunda a la población con información incompleta sobre uno de los ejes prioritarios para esta Corporación insular".
