El Servicio Canario de Empleo (SCE), dependiente de la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, destinará más de diez millones de euros al fomento de la inclusión laboral de personas desempleadas con discapacidad durante el ejercicio 2026. En concreto, la convocatoria cuenta con un presupuesto estimado de 10.357.998 euros y se enmarca en el Plan Estratégico de Subvenciones 2025-2027.
La iniciativa tiene como objetivo incentivar la contratación de este colectivo tanto en el mercado de trabajo ordinario como en el empleo protegido, así como reforzar el apoyo a los Centros Especiales de Empleo. La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, señaló que esta convocatoria “reafirma el compromiso del Gobierno de Canarias con los colectivos que encuentran mayores dificultades para acceder al mercado laboral”.
Según explicó la consejera, los incentivos no solo facilitan una oportunidad laboral inmediata, sino que también contribuyen a mejorar la empleabilidad futura de las personas beneficiarias mediante herramientas y apoyos adaptados a sus necesidades.
La resolución contempla distintas líneas de actuación en régimen de concesión directa. En el mercado ordinario, se incentiva la contratación indefinida con ayudas de 5.500 euros, que pueden incrementarse hasta 6.000 euros cuando la persona contratada sea mujer o mayor de 45 años. En los casos de tránsito desde Centros Especiales de Empleo a empresas ordinarias, la subvención general asciende a 7.500 euros, alcanzando los 8.000 euros en los colectivos prioritarios.
Asimismo, la convocatoria incluye ayudas de hasta 1.800 euros destinadas a la adaptación de los puestos de trabajo o a la eliminación de barreras arquitectónicas o de comunicación, tanto en empresas ordinarias como en Centros Especiales de Empleo. En el ámbito del empleo protegido, se mantiene el apoyo al coste salarial de los trabajadores, con cuantías que pueden llegar hasta el 55% del salario mínimo interprofesional vigente.
La directora del Servicio Canario de Empleo, María Teresa Ortega, explicó que los plazos de solicitud varían en función de la medida. En el caso de las contrataciones indefinidas y los tránsitos laborales, las entidades disponen de un plazo de tres meses desde el inicio de la relación laboral, mientras que las ayudas para la adaptación de puestos de trabajo pueden solicitarse en cualquier momento durante la vigencia del contrato.
Ortega destacó también la importancia de la tramitación digital, indicando que las solicitudes deberán presentarse exclusivamente a través de la sede electrónica del SCE, con el objetivo de agilizar los procedimientos y facilitar que las entidades puedan acceder a estas ayudas de forma eficiente a lo largo de todo el año.
