En una nota de prensa remitida este miércoles, la Junta recuerda que la petición se presentó el 18 de diciembre de 2025. Una petición formal “ejercitando expresamente el derecho fundamental de petición ”, para solicitar “un pronunciamiento institucional y la depuración normativa del Real Decreto-Ley 8/2010”, que recortó las pagas extraordinarias durante la crisis económica de 2010.
Hasta la fecha, aseveran que la Administración “no ha dictado ninguna resolución ni emitido un informe oficial” y que se ha limitado a remitir “un correo electrónico genérico, sin firma, sin motivación jurídica, sin decisión administrativa y sin indicación de recursos”, alegando que “no asesora a particulares”.
Se trata de una respuesta "inaceptable", según recalca el representante de los empleados Miguel Socorro que lidera desde hace tiempo esta causa, incluso a nivel estatal, para denunciar la situación y poner fin a la vulneración de los derechos del colectivo.
Los firmantes sostienen que esa actuación no cumpliría con la obligación constitucional y subrayan que el derecho de petición " exige respuesta expresa, motivada y material”. Responder sin responder, equivale a no responder, argumentan citando al Tribunal Constitucional que ha sido claro al respecto.
La nota también sostiene que el Real Decreto-Ley 8/2010 es “hoy una norma excepcional sin causa habilitante” y que “su vigencia fue superada hace años por la propia Administración”, por lo que, según el texto, “mantenerla sin pronunciarse sobre su aplicación actual constituye arbitrariedad normativa y vulnera el artículo 9.3 de la Constitución”.
Por todo ello, la Junta de Personal–Comité de Empresa reclama “la derogación efectiva” de los preceptos del RD-Ley 8/2010 que recortan las pagas extra, “la restitución de los derechos y cantidades indebidamente detraídas” y que la Administración “cumpla de inmediato su obligación de resolver, evitando el silencio y la evasión de responsabilidades”.
Para concluir, advierten de que "la negativa a resolver no es una opción administrativa; es una infracción constitucional. Persistir en ella, una vez advertidos, es una decisión consciente.”
