Intersindical Canaria afirma, en un comunicado, que la huelga se convoca para luchar por la equiparación salarial entre la administración pública y las subcontratas, es decir “a igual trabajo, igual salario”.
Estos principios reconocidos internacionalmente por diferentes organismos (organización internacional del trabajo, Europa, Estrasburgo, justicia europea, constitución, etc.), recalcan desde el sindicato, " son pisoteados y ninguneados por la legislación española y nuestras propias administraciones públicas, llámese cabildos, ayuntamientos, consejerías, educación, sanidad, etc. Todo ello camuflado en los pliegos administrativos de las diferentes privatizaciones en esas administraciones públicas (lavanderías, jardines, limpiezas, residencias socio sanitarias, de ancianos, guarderías, técnicos, administrativos, de seguridad y un largo etc. de servicios y categorías)".
Esos pliegos administrativos, prosiguen, imponen unos salarios y condiciones laborales "de miseria", siendo en la práctica los trabajadores de estas subcontratas “los esclavos del siglo XXI”. Y todo ello, recalcan, "con el beneplácito de partidos políticos, personal técnico de las administraciones públicas y unas cuantas multinacionales que tienen el monopolio de estos servicios públicos básicos y esenciales como ha quedado demostrado después de la pandemia. Al calor y socaire de la ola neoliberal que pretenden implantar en todos los países".
Intersindical Canaria recuerda que esta equiparación en Fuerteventura ya ha sido aprobada, por unanimidad, de todas las fuerzas políticas, en plenos del Cabildo de Fuerteventura, Ayuntamiento de Pájara y Ayuntamiento de Puerto del Rosario, "quedándose luego olvidado en un cajón donde aún no se ha creado una mesa de negociación"; y por tanto, sin dar cumplimiento a dicho acuerdo plenario al cual están obligados por ley.
Corporaciones "sin valentía"
A pesar de que alguna administración ha tendido la mano en intentar regularizar esta situación en futuros pliegos, "a la hora de la verdad se echan para atrás, como es el caso del Ayuntamiento de Pájara donde el PSOE no tiene la valentía de cumplir con lo acordado en pleno y por lo tanto se pliegan a los intereses de las actuales y futuras subcontratas".
Es por ello por lo que desde Intersindical Canaria muestran el hartazgo de que trabajadores/as cualificados "estén abocados a cobrar toda su vida el SMI realizando trabajos que son competencia de las propias administraciones públicas, y le exigimos a las corporaciones donde gobiernan PSOE y Coalición Canaria a tener la valentía de dignificar la vida y las condiciones de los trabajadores/as de sus propios servicios".
El sindicato emplaza a ambas fuerzas políticas a que convoquen a las partes en conflicto en aras de llegar a un acuerdo que regularice, de una vez por todas, las condiciones de trabajo de las subcontratas sin esperar a recibir ordenes de otros organismos estatales que no conciben que los ciudadanos/as de esta isla puedan vivir dignamente. El fin es lograr “condiciones laborales y salariales dignas en nuestras administraciones públicas”.
