Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) culpó hoy, en el pleno, a Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) y la extrema derecha de Vox de “fabricar culpables” en el dictamen de la comisión de investigación sobre la gestión de la contratación del Servicio Canario de la Salud durante la pandemia del coronavirus. La diputada de NC-BC Esther González defendió el voto particular, suscrito junto al PSOE y la Agrupación Socialista Gomera (ASG), y culpó a Coalición Canaria y al Partido Popular de haber convertido este órgano en una “acusación política” con el único objetivo de “fabricar culpables y construir un relato previamente escrito contra” el presidente del Gobierno de Canarias de 2019 a 2023, Ángel Víctor Torres. Los escaños vacíos de NC-BC, como los de los otros dos grupos que presentaron el voto particular durante el debate y votación, corroboró las denuncias de Esther González.
La parlamentaria de NC-BC sostuvo que el dictamen aprobado por CC, PP y Vox “no parte de los hechos para determinar responsabilidades, sino de las personas a las que se quería señalar”. Denunció que toda la investigación ha estado orientada, desde el principio, a responsabilizar al presidente del Gobierno de Canarias en la pasada legislatura, en lugar de esclarecer con objetividad cómo se adoptaron las decisiones en uno de los momentos más duros de la historia reciente del Archipiélago.
La pregunta que hoy debería responder esta Cámara, según González, no es solo si aprueba o rechaza un dictamen, sino si una comisión de investigación está para “buscar la verdad o para construir un relato con culpables señalados de antemano”. Ese es el verdadero problema del documento debatido y votado en la Cámara, tal y como indicó.
González criticó que el dictamen de CC y el PP, con la extrema derecha, manipule los hechos, descontextualice lo ocurrido durante una emergencia sanitaria mundial y retuerce el reparto legal de competencias para sostener una conclusión política prefabricada. Recordó que la contratación de emergencia se activó en un escenario absolutamente excepcional, con un virus desconocido, hospitales bajo una presión extrema, profesionales sanitarios reclamando material de protección y un mercado internacional completamente colapsado.
Hoy, en opinión de Esther González, resulta muy fácil juzgar decisiones adoptadas en 2020, cuando ya se conoce cómo evolucionó la pandemia, qué proveedores cumplieron y cuáles fallaron. Pero quienes tenían que decidir entonces no contaban con ninguna de esas certezas, como subrayó. Tenían delante una emergencia sanitaria sin precedentes y un único objetivo que era proteger la salud de las canarias y los canarios, remarcó la diputada de NC-BC.
Reprochó que el dictamen presente como un gran problema de aquellos meses la supuesta falta de controles administrativos, informes y trámites burocráticos, obviando que precisamente la contratación de emergencia existe para actuar con rapidez cuando está en riesgo la vida de las personas. “La prioridad en plena pandemia no era mover expedientes, sino salvar vidas, y eso fue exactamente lo que hizo el Gobierno de progreso”, valoró.
Esther González también criticó con dureza las recomendaciones que incorpora el dictamen, al considerar que demuestran que CC, PP y Vox “siguen sin haber entendido nada de lo que ocurrió” durante la pandemia. A su juicio, todas las propuestas apuntan a “más controles, más informes, más autorizaciones y más burocracia”. Una receta que, lejos de preparar mejor a Canarias ante futuras emergencias, puede impedir que las administraciones reaccionen con la rapidez que exigen situaciones límite, advirtió.
Señaló además que la “mayor manipulación” del dictamen se produce al atribuir responsabilidades políticas al entonces presidente del Gobierno, al conjunto del Ejecutivo y a dos consejeros de Sanidad, ignorando deliberadamente el marco legal vigente durante la pandemia. Hizo hincapié en que las contrataciones de emergencia fueron tramitadas por el Servicio Canario de la Salud y que la propia legislación eximía expresamente al Ejecutivo de autorizar esos expedientes para evitar que una emergencia sanitaria quedara paralizada por trámites incompatibles con la urgencia.
“Es decir, el Gobierno no intervenía porque la propia ley había decidido que no interviniera, y aun así el dictamen termina responsabilizándolo por no haber hecho aquello que legalmente no podía hacer. Se le reprocha no ejercer unas competencias que nunca tuvo. Esa contradicción desacredita por completo la principal conclusión del documento”, sostuvo la parlamentaria de NC-BC.
Para el grupo nacionalista progresista, el dictamen aprobado por CC, PP y Vox no solo fracasa en su obligación de esclarecer con rigor lo ocurrido, sino que convierte una tragedia en un instrumento de confrontación partidista.
“Canarias merece conocer toda la verdad, saber qué se hizo bien, qué pudo hacerse mejor y qué debemos cambiar para estar mejor preparados ante futuras emergencias, pero también merece un Parlamento que investigue con objetividad, que respete los hechos y que no utilice una comisión para confirmar una conclusión escrita de antemano”, afirmó.
La “verdad solo necesita rigor, honestidad y respeto y precisamente es de lo que carece este dictamen”, concluyó Esther González.
