La diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, Vidina Espino, defendió este miércoles en el Parlamento de Canarias el dictamen de la Comisión de Investigación sobre la compra de material sanitario por el Servicio Canario de Salud durante la pandemia.
Este documento, a juicio del Grupo Nacionalista, acredita que “existió una intervención política directa en las principales contrataciones investigadas y que no puede descargarse toda la responsabilidad sobre los funcionarios”.
Espino comenzó su intervención recordando a las personas que perdieron la vida durante la pandemia y reconoció el trabajo realizado por los profesionales sanitarios y por todos aquellos trabajadores que sostuvieron los servicios públicos en los momentos más difíciles.
La diputada nacionalista señaló que la comisión nunca ha pretendido cuestionar el enorme esfuerzo colectivo realizado durante aquellos meses, sino esclarecer si, al amparo de una situación excepcional, se produjeron irregularidades en la gestión de fondos públicos.
Durante su intervención, Vidina Espino recordó que Canarias fue una de las administraciones que mayor volumen de contratación realizó con empresas vinculadas a la organización criminal por la que han sido condenados José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. Asimismo, señaló que el propio Tribunal Supremo deja fuera de esta sentencia los contratos del Servicio Canario de Salud al seguir siendo objeto de otra investigación judicial específica.
La parlamentaria de Coalición Canaria recordó que la comisión ha analizado las contrataciones realizadas con Soluciones de Gestión, Eurofins Megalab, que acumulan cerca de 20 millones de euros, procedimientos que, según el dictamen, estuvieron marcados por “decisiones políticas, advertencias técnicas ignoradas y actuaciones que comprometieron recursos públicos”.
En relación con Soluciones de Gestión, Espino destacó que el informe de la UCO acredita la intervención directa del entonces viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, en las gestiones con la empresa, y recordó los mensajes incorporados al dictamen en los que Ángel Víctor Torres aseguraba a Koldo García que estaba "encima" del pago de las facturas.
La diputada afirmó que Torres y Olivera faltaron a la verdad durante sus comparecencias ante la comisión de investigación. Según señaló, el informe de la UCO y la documentación incorporada posteriormente acreditan una implicación política directa que ambos negaron ante el Parlamento.
Respecto al caso RR7, Espino recordó que supuso el mayor quebranto económico para las arcas públicas durante la pandemia: cuatro millones de euros abonados a una empresa que nunca entregó el material contratado.
La parlamentaria destacó especialmente una de las principales conclusiones del dictamen y que hace referencia a “la existencia durante la pandemia de un supuesto Comité de Gestión que sustituyó a los órganos legalmente establecidos para la toma de decisiones en materia de emergencias". A juicio del Grupo Nacionalista, esta forma de actuar permitió desarrollar una estructura paralela de decisión “sin ningún tipo de control”.
Espino rechazó además el intento de atribuir toda la responsabilidad a una única funcionaria. A su juicio, el dictamen acredita que resulta materialmente imposible que contrataciones de esa magnitud pudieran realizarse al margen de la estructura jerárquica de la Administración y sin conocimiento ni intervención de los responsables políticos.
Por ello, el dictamen incorpora recomendaciones para impedir que una situación similar “vuelva a repetirse”, de forma que se refuercen los controles en la contratación de emergencia; se verifique la solvencia de las empresas adjudicatarias; se garantice la trazabilidad de las decisiones; y se identifique claramente “quién propone, quién selecciona proveedores y quién autoriza cada contratación”.
La diputada aseguró que el trabajo desarrollado por la Comisión de Investigación ha permitido “esclarecer hechos que durante años permanecieron ocultos y fijar responsabilidades políticas”.
"Hoy podemos afirmar con contundencia que aquellas decisiones no fueron técnicas. Existió una intervención política directa", afirmó Espino durante su intervención.
En este sentido, Vidina Espino señaló como responsables políticos de aquella gestión al entonces presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, por su implicación directa y como máximo responsable del Ejecutivo autonómico durante la pandemia; al entonces viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, por el papel clave que desempeñó en las gestiones analizadas por la comisión; y a los responsables de la consejería de Sanidad que participaron en la formalización y pago de los contratos investigados.
Para el Grupo Nacionalista, “el principal valor del dictamen reside en fortalecer las garantías institucionales para que una situación semejante no vuelva a producirse y para que la contratación de emergencia siga estando sometida a controles, transparencia y responsabilidad política, incluso en los momentos más difíciles”, concluyó Vidina Espino.
